Tegucigalpa, 27 de agosto. La Policía Nacional y miembros del escuadrón antibombas desactivaron este jueves un coche bomba conectado a un cilindro de gas licuado, dos pequeñas bombas de acetileno y a una botella de gasolina, automóvil que se encontraba estacionado frente a la Secretaría Técnica de Cooperación en esta capital.

Los artificieros rompieron una de las ventanas del vehículo Volskwagen rojo robado para desconectar el temporizador que hubiera hecho estallar los explosivos.

Aunque en semanas anteriores las autoridades anunciaron el decomiso de unas 13 bombas molotov y otros seis artefactos explosivos de seguidores del presidente constitucional Manuel Zelaya, las autoridades no responsabilizaron de inmediato a estos grupos de la colocación del coche bomba.

A dos meses del golpe de Estado en que militares secuestraron y expulsaron de Honduras a Zelaya, y Roberto Micheletti se impuso como mandatario de facto, la solución negociada a la crisis institucional parece cada vez más lejana, mientras la polarización social crece y aumentan los riesgos de una confrontación violenta, estiman analistas locales.

El fracaso de la misión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA), que estuvo a principios de semana en Tegucigalpa, redujo la esperanza de quienes veían en la mediación internacional el camino a la recuperación institucional, perdida el 28 de junio con el golpe de Estado.

Mientras, el Departamento de Estado anunció este jueves la suspensión de visas a los hondureños no inmigrantes, y anunció que prepara nuevas sanciones contra el régimen de facto en Honduras.

Estamos evaluando nuestras opciones y creo que tomaremos algunas decisiones en los próximos días, declaró a la prensa un portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley.

El programa de combate a la pobreza y desarrollo económico conocido como Cuenta Reto del Milenio (CRM), que tiene proyectos en Honduras a cinco años vista valorados en más de 215 millones de dólares, es una de las opciones de sanción, explicó un alto responsable del Departamento de Estado bajo anonimato.

El principal proyecto de la CRM en Honduras es la mejora y ampliación de la principal carretera del país, la CA-5. Hasta el momento se han desembolsado más de 80 millones de dólares, y quedan por aprobar 135 millones.

Previamente Washington suspendió otros programas de ayuda civil y totalmente la asistencia militar, lo que representa para Honduras una pérdida de unos 35 millones de dólares anuales.

Estados Unidos no puede sancionar en cambio comercialmente a Honduras de forma unilateral, dentro del Acuerdo de Libre Comercio con América Central y República Dominicana (CAFTA), en vigor desde 2005.

La canciller del gobierno constitucional hondureño, Patricia Rodas, afirmó que la comunidad internacional debe cuanto antes aplicar sanciones contundentes y tangibles al gobierno de facto.

Estudiantes de preparatoria aplauden en Tegucigalpa una marcha de seguidores de Manuel ZelayaFoto Ap

No es un gobierno lo que se ha instalado, es un régimen golpista, por lo tanto deben aplicarse sanciones a aquellos que fraguaron el golpe de Estado, que constituyen los pequeños grupos de poder, que son los que monopolizan las actividades productivas y de exportación, dijo Rodas desde San José, capital de Costa Rica.

Tras el fracaso de las negociaciones de la OEA, Micheletti declaró que no le tememos al embargo de nadie... podemos salir adelante sin la ayuda de ustedes y de otros países, pero grupos empresariales hondureños manifiestan su nerviosismo.

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Adolfo Facussé, sostuvo: Si quedamos fuera del CAFTA, eso sería la ruina para el país, como ha solicitado República Dominicana.

Agregó, no obstante, que los empresarios hemos decidido que no vamos a presionar al gobierno a que acepte, sólo para que no se nos afecte; preferimos comer tortilla y frijoles por un tiempo, es un asunto de dignidad.

La solución al problema es celebrar las elecciones el 29 de noviembre y que se elija un nuevo gobierno, lo que hará bajar las presiones internacionales, estimó el industrial hondureño.

El empresariado fue un importante sector de apoyo para el golpe contra Zelaya, pues sostenía que el gobierno constitucional pretendía seguir el modelo de estatización empresarial que lleva adelante Venezuela, bajo el mando del presidente, Hugo Chávez.

A su vez, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, que reúne a diversos sectores sociales, promete incrementar la lucha en las calles.

Si algo ha logrado este golpe es unir a todo el movimiento social en torno a un tema que para nosotros es la vida: retornar al orden institucional, pero no para quedarnos ahí sino para avanzar hacia la refundación de la república hondureña, afirmó una de sus dirigentes, Berta Cáceres.

Tal refundación pasa por convocar a una Constituyente, que redacte una nueva Constitución al servicio de los más humildes y no de las 10 familias que se han apoderado del país, añadió.

Para el movimiento de resistencia, el proceso electoral que arranca el próximo sábado carece de legitimidad mientras no se restablezca el orden constitucional.

Berta Oliva, presidenta del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, opina que la prolongación de la crisis política podría llevar a indeseables situaciones de violencia.

El gobierno (de Micheletti) quiere llevar el país a una guerra civil, porque de esa manera se desarticularía el cerco internacional, además de que sería un gran negocio para los traficantes de armas y pertrechos y para las mismas fuerzas armadas, aseguró.