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La privatización de la industria ha encarecido el servicio: AMLO

Llama el SME a diputados a bajar 15% la tarifa eléctrica

Convoca Martín Esparza a usuarios a poner mantas de protesta en sus casas

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Mitin de vecinos de Iztapalapa frente a la Secretaría de Energía contra los elevados cobros de electricidad, el 27 de agosto pasadoFoto María Meléndrez
 
Periódico La Jornada
Domingo 30 de agosto de 2009, p. 8

Ante la crisis económica que se vive en el país es urgente que la Cámara de Diputados legisle para disminuir 15 por ciento el cobro de la tarifa doméstica de electricidad y evite la reducción en el subsidio de ese servicio, debido a que en tres años de mandato Felipe Calderón ha colocado a miles de familias en la disyuntiva de comer o pagar los desmedidos precios de la energía y amenaza con aumentar impuestos, manifestó el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Agregó que es urgente que el Legislativo fije el precio de las tarifas eléctricas, que desaparezca de inmediato la categoría de servicio doméstico de alto consumo (DAC) y que regrese el modelo de cobro que estuvo vigente hasta el 7 de febrero de 2002.

En el primer Encuentro nacional por una tarifa única socialmente justa, se leyó un mensaje de Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra de gira y denunció en el documento que la política de privatización de la industria eléctrica ha sido la principal causa de que se hayan elevado, sin justificación financiera ni económica, las tarifas eléctricas.

El gobierno –sostuvo el ex candidato presidencial– ha ido eliminando los subsidios a las tarifas domésticas y agrícolas, dejando en la indefensión a millones de personas que no pueden pagarlas. Agregó que en el Movimiento en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía Nacional confía en que con la unidad y la organización del pueblo se pueda detener la política antipopular y entreguista.

A diario vemos cómo crece el descontento y las protestas contra los abusos en los cobros por uso de la electricidad. Pero el gobierno usurpador de (Felipe) Calderón, con el apoyo del PRI y del PAN, amenazan con eliminar por completo los subsidios a la electricidad de las familias y de los campesinos. Eso no lo vamos a permitir, llamaremos a la movilización popular para impedir que se consuma esta felonía. Juntos lucharemos por una tarifa social justa y en contra de los cobros excesivos de luz, sentenció.

Al pronunciarse por establecer una alianza indestructible entre trabajadores electricistas y usuarios de Luz y Fuerza del Centro en defensa de la empresa pública y patrimonio de la nación, el líder del SME, Martín Esparza exhortó a la población a protestar contra la vigencia de la tarifa DAC, colocando en cada domicilio mantas o cartulinas con leyendas de inconformidad por los altos cobros.

Dijo que es mentira lo que sostiene el gobierno federal respecto a que las actuales tarifas de luz se deben a los costos del contrato colectivo de la empresa y las jubilaciones. Se trata de una embestida del gobierno que busca acabar con el SME y que va a arreciar debido a la revisión contractual.

En el foro, que concluye este día, investigadores afirmaron que gravar en 15 por ciento las tarifas a los industriales le permitiría al país tener recursos, que el gobierno federal busca obtener gravando a la población, y subsidiar a las familias de escasos recursos con consumos menores a 150 kilowats. No se trata de que los industriales paguen tarifas caras, sino justas, destacaron.

Revelaron que las reducciones que aplican desde este año hasta de 20 por ciento a las tarifas industriales representan la mitad de lo que pagan todos los usuarios de LyFC. Además de que al tratarse de un insumo para las empresas, éstas lo deducen de impuestos y terminan sin pagar un sólo centavo de energía eléctrica, además de que lo cobran en cada producto que venden.

Layda Sansores, integrante del gobierno legítimo, afirmó que se debe apostar a la organización como forma pacífica de defensa de los derechos. Sostuvo que ante las altas cuotas por el servicio de luz no se trata de no pagar, sino de que se aplique un cobro justo, que no afecte a los más desprotegidos.