Las políticas públicas en México presentan una muy limitada perspectiva en derechos humanos, además de que los programas de gobierno son inadecuados e insuficientes para atender las necesidades de la población, en especial de los grupos vulnerables, aseguró el director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHFFV), Miguel Concha Malo.

Al presentar los resultados del Informe anual sobre la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) 2007-2008 en el país, Concha sostuvo que aún falta un largo trecho para lograr el cumplimiento de esas garantías, pues, aun cuando existe una obligación internacional para su cumplimiento, el Estado mexicano queda a deber en educación, salud, vivienda, medio ambiente, alimentación y derechos laborales.

En torno al derecho a la educación lamentó que los rezagos y vicios del sistema educativo mexicano no hayan disminuido de manera sustancial, lo que afecta directamente en la baja calidad de la educación, que sigue siendo uno de los principales retos.

La organización no gubernamental, que está por cumplir 25 años, asegura que evaluaciones nacionales e internacionales sobre el desempeño de los estudiantes de nivel básico muestran que la niñez mexicana realiza actividades de tipo mecánico y repetitivo; 80.6 por ciento de los alumnos de tercero de secundaria no saben lo mínimo indispensable de matemáticas y 71 por ciento se encuentra en la misma situación en español.

En escritura, los datos no son alentadores: 63 y 56 por ciento del estudiantado de los últimos grados de primaria y secundaria, respectivamente, no saben realizar tareas sencillas como copiar una palabra o un párrafo completo sin cometer algún error ortográfico.

Nuestros estudiantes no cuentan con habilidades para sintetizar y evaluar información. Esto tiene importantes implicaciones para el futuro del país, pues estamos produciendo mano de obra barata capacitada sólo para realizar procesos productivos de poco valor, indicó el director del CDHFFV.

Al referirse al derecho a la salud, indicó que el informe muestra que esa garantía es constantemente violentada. El sistema de salud tiene grandes deficiencias, al grado que sólo 3.1 por ciento de los hogares mexicanos tiene a todos sus miembros afiliados a alguna institución en la materia, lo que coloca a México con una tasa de protección más baja que naciones como Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, donde se alcanza 6.4 por ciento.

De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 130 mil hogares mexicanos se empobrecen a causa de los gastos en salud.

Sobre la situación de los DESCA expone que una decisión gubernamental que ha puesto en peligro el pleno goce del derecho a la salud fue la aprobación, en abril de 2007, de la Ley del ISSSTE, porque dichas reformas liberan al Estado de la obligación de garantizar de manera integral los servicios sanitarios para los trabajadores del Estado y abren paso a la privatización.

Sobre el derecho a la vivienda, el informe documenta que 15 millones de familias no perciben un ingreso suficiente para resolver su necesidad habitacional, lo que representa 60 por ciento del total de familias sin vivienda. De los más de 28 millones de hogares en México, 3 millones 175 mil no cuentan con drenaje y 2 millones 789 mil 325 no tienen sanitario, servicios indispensables para garantizar un ambiente que no afecte el derecho a la salud.