Ginebra. Diez de los 16 casos en que los gobiernos democráticos chilenos aplicaron la ley antiterrorista entre 1999 y 2009 corresponden a imputados indígenas de ese país, informó una fuente diplomática chilena. Chile rechazó el jueves en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una recomendación de la Unión Europea para que revise esa ley y deje de perseguir a miembros de comunidades indígenas, en particular la mapuche, por sus actividades pacíficas de carácter político o religioso. La ley sanciona conductas delictivas graves que causan conmoción pública y no se aplica a categorías de personas o grupos sociales determinados, dijo el embajador de Chile, Carlos Portales.