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Ante los ministros el gobernador se definió como un buen hombre

Repudia la APPO proyecto de la SCJN sobre el conflicto en Oaxaca
Mauricio Ferrer y Octavio Vélez Ascencio
Corresponsales
Periódico La Jornada
Sábado 10 de octubre de 2009, p. 10

En su visita del pasado jueves a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, nos dijo que es un buen hombre, relató a La Jornada el ministro Genaro David Góngora Pimentel.

A pocos días de que se revisen y dictaminen los hechos de 2006 y 2007, el mandatario estatal se reunió con todos los ministros y “nos dijo que es un buen hombre… ¡fino!”, expresó el jurista en la reunión que sostuvo este viernes con estudiantes de la licenciatura en derecho del Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara, Jalisco.

Sin dar un pronóstico dijo que el caso Oaxaca se estudiará y pondrá a votación de los 11 ministros de la Corte el martes próximo.Góngora Pimentel advirtió del peligro que implica la intención de acabar con los amparos directos. “Quieren que ya no los revisen los tribunales federales, sino los locales, de forma que gobernadores, caciques y ‘hombres fuertes’ de cada región podrían influir en la justicia”, advirtió.

Sobre el fallo del caso Oaxaca, la comisión jurídica de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) repudió el proyecto de resolución elaborado por el ministro Mariano Azuela Güitrón, acerca de las violaciones a garantías individuales cometidas durante el conflicto político-social en 2006 y 2007.

En la capital oaxaqueña, los abogados de la organización execraron el arbitrario procedimiento en cuanto a la forma y términos del documento, pues lejos de respetar la Constitución y los lineamientos que dictó el pleno mismo de la SCJN, el proyecto nunca nos fue notificado.

El abogado Gilberto Hernández Santiago dijo que el equipo legal de la APPO desconoce los informes y material probatorio recabados en los tres niveles de gobierno durante la investigación, y por tanto no hubo la oportunidad de alegar y refutar las bases del inminente fallo.

El proyecto de dictamen, dijo, es totalmente aberrante y falto de imparcialidad en el examen de las graves violaciones a las garantías individuales, porque sólo cuantifica daños materiales y costos económicos del conflicto, sin llegar al fondo de los hechos ni desahogar las pruebas aportadas.

Según Hernández Santiago, el proyecto de Azuela hace consideraciones personalísimas y llega a una conclusión al revés, al señalar como violadores de garantías individuales al movimiento magisterial-popular, cuando, por principios constitucionales, tal exceso es atribuible únicamente a las autoridades.