El PRD en la Cámara de Diputados anunció que presentará una controversia constitucional contra el decreto presidencial que liquida a Luz y Fuerza del Centro (LFC), porque para una decisión de ese tipo, dijo, el Ejecutivo requería la aprobación del Congreso de la Unión.

Anoche, la comisión política y el secretariado del PRD convocaron a la ciudadanía a la más amplia solidaridad con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con el propósito de detener la embestida. Convocó a la formación de un gran frente unitario de organizaciones políticas, sociales y de ciudadanos que despliegue sus acciones en defensa de los trabajadores, invariablemente por la vía pacífica, legal y constitucional, y de la misma manera rechazamos cualquier provocación o violencia.

En conferencia de prensa, el presidente del PRD, Jesús Ortega, anunció que hoy se tomará el acuerdo con los grupos parlamentarios para presentar la controversia, a partir de que sólo el Congreso puede autorizar desincorporaciones.

Si bien el presidente Felipe Calderón tiene la facultad de emitir decretos, dijo, debe hacerlo conforme a la Constitución y las leyes. No puede emitir el decreto que se le pegue la gana. Porque no es un soberano, no ejerce un poder absoluto. ¡No es un rey!, expresó.

El coordinador de los diputados perredistas, Alejandro Encinas, dijo que el Congreso puede revertir el decreto, pues para liquidar una empresa paraestatal se requiere la aprobación de los legisladores, conforme al artículo 73 constitucional.

Antes, en conferencia de prensa en la Cámara, acompañado de legisladores y del líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, Encinas sostuvo que la ocupación de LFC es ilegal, una acción que muestra la incapacidad del Ejecutivo para construir acuerdos.

Constituye un paso hacia la privatización del sector energético y sienta mal precedente para el movimiento sindical, los movimientos sociales y cualquier organización que no esté de acuerdo con el gobierno.

Jesús Zambrano, vicepresidente de la mesa directiva, afirmó: Lo peligro es el precedente que representa esta decisión, porque el gobierno trasluce que puede hacer lo que se le pegue su gana.

El senador Graco Ramírez Garrido, secretario de la Comisión de Energía, condenó las acciones contra LFC y sus trabajadores. La grave situación de la empresa, agregó, no es responsabilidad de los trabajadores, sino de los gobiernos tecnócratas de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, que implementaron una política intencional de desmantelamiento para justificar hoy su desaparición.