ólo el alcohol y el tabaco, de amplio consumo en la clase política mexicana, unifican a los gobernantes, sean de derecha o de supuesta izquierda. Sus medidas mercantiles, sanitarias y fiscales son, por tanto, el plecaro ejemplo de su doble moral pública contra los que consideran ciudadanos libertinos.
Son los temas idóneos para legitimarse y presentarse como modernos ante la visión crítica de los ciudadanos, que los cuestiona diariamente. Hay que decir que las medidas que han tomado los gobiernos en esta materia no forman parte de la política de salud general, sino que son una venganza que busca criminalizar a los ciudadanos que se desvelan y que consumen tabaco y alcohol.
Nadie en su sano juicio defendería el consumo de alcohol y de tabaco como saludables, pero hay que reconocer que estos hábitos tienen siglos y son culturales. Además, han sido fuente importante para la recaudación fiscal, generando recursos para el gasto corriente. Por otro lado, muy poco se ha destinado a combatir los problemas de salud que estos consumos generan. Cortarlos de tajo no ha inhibido ni el consumo ni los problemas de enfermedades respiratorias o de alcoholismo, al contrario.
Históricamente, el alcohol y el tabaco están ligados al espacio público, al prestigio y la cultura, y esto no fue impulsado de abajo arriba, sino de arriba abajo: de las clases gobernantes con su moral dominante hacia sus gobernados. El consumo fue promovido como moda, estatus y formas de embrutecer a los explotados; ha sido símbolo de decadencia, pero también de respetabilidad: en el México prehispánico sólo se permitía beber pulque a los 52 años; en el cine, Agustín Lara, Arturo de Córdova, las divas y bellas, charros y cantores no dejaban el cigarrillo, la copa y la botella ni un minuto dentro o fuera de la pantalla. En crisis y transiciones son inherentes.
Con la alternancia
llegó Rudolph Giuliani, autor intelectual del News Divine con la tolerancia cero contra jóvenes pobres, y dictó también las políticas contra el consumo de tabaco, imponiendo horarios pueblerinos. Los neoyorquinos saben lo que significa esa modernidad antisocial y segregacionista, pero aquí fue adquirida y pagada por el Gobierno del Distrito Federal (2000-2006) como símbolo de la modernidad y la homologación ética y cultural a la intolerancia conservadora estadunidense. La derecha mexicana compró instantáneamente la aportación de Giuliani como una política de izquierda.
Como resultado estamos igual que en el Chicago de los años 20. La intolerancia y la segregación del espacio público repercutieron en una sociedad individualizada, insegura y escéptica, donde florece el consumo de drogas y la doble moral en la salud pública que tolera otros humos, peor de dañinos. En los hechos esta política ha dado como resultado que es más tolerado jurídicamente fumar mariguana que un cigarro de tabaco, pues no es delito poseer una cantidad equivalente a una cajetilla y en todos los establecimientos mercantiles hay una ley antitabaco, no antimariguana. Si la tendencia a la liberación de las drogas es clara, ¿por qué se es intolerante con el consumo de alcohol y tabaco?
Cambiar una cultura de hábitos y entender que un fumador o bebedor, aunque conozca los efectos colaterales, no dejará de ser consumidor sólo por un decreto de Estado o por racionalidad es una tarea muy compleja que debe partir de la idea de unir los derechos de los diversos y no desde la intolerancia. Dejar de fumar y beber es una decisión profunda, pensada y trabajada. ¿Por qué no dejan de fumar y beber nuestros diputados, senadores, policías y gobernantes?
Los fumadores y no fumadores tienen, estando informados, el derecho a elegir si entran o no a un lugar donde se permita o se prohíba fumar. Beber y fumar son dos consumos ligados al espacio público, el segundo de los cuales puede generar protestas de los no fumadores, quienes podrían decidir, estando informados, si entran en los establecimientos mercantiles para ejercer uno u otro derecho. El cambio de tendencias debe ser estructural y cultural, no excluyente.
Con las restricciones al consumo de alcohol y tabaco, los gobernantes confirman que consideran a los ciudadanos menores de edad. No se dejará de fumar por decreto de Estado. La lucha para ganar no fumadores debe ser profunda, de mediano y largo plazos. Sus leyes actuales solamente han fomentado y elevado el consumo en general, principalmente entre jóvenes; por eso las cifras al respecto son secretos de Estado, pues no se lucha por la salud, sino por legitimar formas intolerantes de gobierno.
Contra la idea de tener ciudadanos infantiles, una ciudad pueblerina y combatir la recesión
con medidas recesivas –pues el espacio público agredido es el que más empleos genera y más recursos fiscales aporta– se deben revisar las leyes y reglamentos que provocan más corrupción que salud, así como por razones económicas.
Una política de salud debe hacerse con los recursos que podrían pagar los fumadores derivados de altos impuestos al tabaco, pero hay que reconocer que también tienen derecho al espacio público y a tomar sus decisiones.
http://www.marcorascon.org
