La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) acatará la resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), por lo que a más tardar el próximo 13 de noviembre negará el permiso de impacto ambiental a la Minera San Xavier y la empresa tendrá que cerrar, sostuvo Mauricio Limón, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental.

Desde que la empresa canadiense comenzó a operar –en junio de 2006– en Cerro San Pedro, San Luis Potosí, hasta el viernes próximo opera en la legalidad, puntualizó. El funcionario señaló que la Semarnat ha acatado todas las resoluciones legales que ha dispuesto el tribunal, y mientras la empresa tenga un permiso autorizado puede operar.

Aseguró que en 2005 el TFJFA ordenó a la Semarnat emitir un nuevo permiso de impacto ambiental, considerando los argumentos que en el tribunal colegiado se habían establecido, y así lo hizo la dependencia en abril de 2006.

Explicó que en contra de este nuevo permiso, diversos grupos sociales interpusieron un recurso de queja, por lo que siguió una historia de amparos y recursos de revisión; ahora el tribunal nos ordena negar el permiso. Tenemos hasta el 13, pero desde el principio hasta el día que nosotros lo neguemos, las operaciones de la empresa son absolutamente legales.

En conferencia de prensa –convocada en principio para hablar sobre medidas de protección a las importaciones de árboles de Navidad–, aseveró que la Semarnat ya determinó retirar el permiso de impacto ambiental. Defendió que lo que ha hecho la minera ha estado bien y a partir del día que le notifiquemos la negativa, ese día tendrá que cerrar.

Todo empezó cuando el 26 de febrero de 1999 el Instituto Nacional de Ecología de la Secretaría de Medio Ambiente autorizó de manera condicionada a la Minera San Xavier el cambio de uso de suelo, así como la preparación, desarrollo y operación en 374 hectáreas –290 de ellas pertenecientes al núcleo ejidal– del municipio Cerro de San Pedro para el desarrollo del proyecto de explotación de oro y plata mediante un tajo a cielo abierto.

Los pobladores, apoyados por expertos, concluyeron que la mina dejaría daños al acuífero de San Luis Potosí por contaminación con cianuro y sobrexplotación, así como perjuicios al patrimonio ambiental e histórico de la nación. Además, la zona donde se desarrolla el proyecto, en 1993 fue declarada por 20 años como área para la preservación, protección y restauración de la vida silvestre. Pro San Luis y otras organizaciones interpusieron recursos legales y el 23 de junio de 2004 el noveno tribunal colegiado en materia administrativa resolvió que ni de forma condicionada debió otorgarse la autorización de cambio de uso de suelo y anuló el proyecto minero. En cumplimiento de dicho amparo, el TFJFA emitió el 5 de octubre de 2005 una sentencia definitiva convalidando la resolución.

Siguió el proceso legal y de acuerdo con la resolución del pasado 24 de septiembre del tribunal, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat incurrió en incumplimiento a la sentencia dictada por el TFJFA el 5 de octubre de 2005 al dar una nueva autorización en 2006, por lo cual le dieron 20 días para cumplir la sentencia. El plazo vence el viernes.