La recuperación de Wallmapu, Raúl Zibechi |
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Miles de mapuche llegaron al mediodía del 22 de octubre hasta la Intendencia Regional en Temuco (capital de la Araucanía, 700 kilómetros al sur de Santiago) para rechazar la violencia de Carabineros que disparan perdigones contra niños. “Tras llegar hasta el centro de la ciudad, un grupo de niños mapuche de comunidades de Ercilla, abrió un saco que contenía restos de más de 200 bombas lacrimógenas, cartuchos y casquillos de balas policiales”.
La manifestación, convocada por la Alianza Territorial Mapuche, tenía por objetivo desmentir a las autoridades que han afirmado que no existen casos de niños heridos por la intervención de Carabineros en la zona. El lonko (autoridad mapuche) Juan Catrillanca señaló que en un allanamiento, siete de los niños de la escuela resultaron heridos con perdigones y por eso encabezaron esta marcha, vigilada por un fuerte contingente de Carabineros.
“No le tenemos miedo al Estado chileno y su violencia, nuestro camino avanza hacia la liberación nacional mapuche. Sabemos que seguiremos resistiendo en nuestras comunidades”, dijo a la multitud el werken (consejero) de la Alianza, Mijael Carbone. “Aquí estamos todos, aquí están los niños heridos, todos pueden verlos, aquí está mi hijo Pablo con un ojo menos, están las madres de los bebés que fueron gaseados hace una semana en Temucuicui, está Carlos Curinao, golpeado brutalmente por la policía el mismo día, todos sin atención médica suficiente. Hemos venido pacíficamente a exigir respeto una vez más”, señaló Juan Catrillanca.
Pese a que las autoridades lo niegan, tanto la iglesia católica como organismos internacionales confirmaron que hubo niños heridos con balines. Gary Stahl, representante de unicef en Chile fue muy claro: “Para que no haya otra generación de chilenos marcada por la violencia, tenemos que saber qué ha pasado, y buscar una solución para que esto no vuelva a pasar”. El día 5 de octubre un niño de 14 años de la comunidad Rofué fue baleado, detenido, subido a un helicóptero, golpeado, amarrado y amenazado por los Carabineros con lanzarlo a tierra si no daba nombres de las personas que a esa hora participaban de la toma del fundo Santa Lucía.
Organismos de derechos humanos constataron decenas de casos, en los dos últimos años, en los que menores son baleados con perdigones y golpeados por el cuerpo de Carabineros, la policía militarizada chilena. “Hasta el momento no hemos visto ninguna investigación imparcial para saber qué ha pasado”, agregó Stahl luego de exigir al gobierno de Michelle Bachelet, en nombre de unicef, que tome medidas para asegurar la protección de los niños mapuche. La indignación se desbordó esa semana, cuando el Ministerio del Interior acusó a los padres mapuche de usar a sus hijos como “escudos” en las tomas de tierras, lo que provocó una ola de indignación que recorrió el país de sur a norte.
Tierra y pobreza en la Araucanía
En Chile las familias indígenas reciben casi la mitad de ingresos que las no indígenas. La escolarización de los no indígenas está 2.2 años por debajo del promedio nacional que es de 9.5 años y sólo el 3 por ciento de la población rural mapuche de 15 años tiene alguna educación post-secundaria. La mortalidad infantil en algunos municipios indígenas supera en 50 por ciento a la media nacional.
El índice de desarrollo humano de la población mapuche es inferior al de la población no indígena. El más bajo se encuentra en las áreas rurales de la Araucanía (territorio mapuche al sur del Bio Bio). Además, son discriminados de modo “casi total en los medios de comunicación, en particular la televisión”. Los mapuche no tienen representación en el parlamento.
Sin embargo, el Estado ha encarado una activa política a favor de los pueblos indígenas y del pueblo mapuche en particular. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) a través de su Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, ha traspasado desde 1994, unas 200 mil hectáreas a los mapuche que han favorecido a más de 10 mil familias. La cifra es insuficiente ya que se estima que harían falta otras 200 mil hectáreas. Además, muchas se titulan de forma individual y no comunal, el proceso es muy lento, deja fuera a muchas comunidades y no existen programas de apoyo.
Entre los mapuche hay quejas porque ninguno de los programas oficiales es consultado con las comunidades. Un balance de las políticas estatales, permitió en 2003 al relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, concluir que “a pesar de haberse producido importantes avances durante los últimos diez años, estos continúan viviendo una situación de marginación y negación que los mantiene apartados significativamente del resto del país”.
La situación se ve agravada por la impresionante expansión forestal que vive el sur de Chile desde hace tres décadas. En 1960 cada familia mapuche tenía un promedio de 9.2 hectáreas aunque el Estado sostenía que necesitaban 50 hectáreas para vivir dignamente. Entre 1979 y 1986 a cada familia le correspondían 5.3 hectáreas, superficie que en la actualidad se reduce a sólo 3 por familia. Bajo la dictadura los mapuche perdieron 200 de las 300 mil hectáreas que conservaban. El avance de las forestales y las hidroeléctricas sobre sus tierras, provocan un aumento exponencial de la pobreza y la emigración.
Actualmente hay dos millones de hectáreas de monocultivo forestal en la Araucanía en manos de tres grandes empresas. El conjunto de las tierras mapuche no llega a 500 mil hectáreas, donde viven unos 250 mil comuneros en unas dos mil reservas que son islotes en un mar de pinos y eucaliptos. “El 70% de las entidades territoriales mapuche son directamente afectadas por el impacto ambiental producto de la penetración de las empresas forestales”, que alteran el ecosistema.
Los niños en el centro del conflicto
Sobre ese escenario se desarrolla una constante pugna de las comunidades para recuperar sus tierras ancestrales que les pertenecieron hasta hace apenas dos o tres décadas. Esa lucha choca con las grandes empresas forestales y con el Estado chileno que las apoya. El resultado es una creciente militarización de las comunidades más activas. Este año se registró un importante crecimiento del activismo mapuche.
En julio un centenar de delegados de comunidades entregaron una carta a la presidenta Bachelet que se interpretó como el inicio de un vasto proceso de recuperación de tierras. En agosto fue muerto el dirigente mapuche Jaime Facundo Mendoza mientras el Grupo de Operaciones Especiales desocupaba un predio que habían tomado decenas de familias en la zona de Ercilla. El funeral fue impresionante: duró cuatro días y acudieron miles de comuneros de toda la Araucanía, en especial comunidades de la recién creada Alianza Territorial Mapuche, nueva organización que agrupa entre 60 y 120 comunidades.
Pero acudieron también otros grupos, como el Consejo de Todas las Tierras que ganó protagonismo en la década de 1990, y la más radical Coordinadora Arauco Malleco, creada en 1998, que recientemente declaró la guerra al Estado de Chile. Pero, sobre todo, estuvieron decenas de asociaciones culturales, autoridades tradicionales, hogares de estudiantes universitarios y el Partido Nacionalista Mapuche Wallmapuwen.
El 12 de octubre se manifestaron en Santiago unas diez mil personas convocadas por Meli Wixan Mapu, organización mapuche urbana, en la mayor manifestación de los últimos años en el país. Signo de los tiempos y del prestigio de la lucha mapuche, ahí estaba la Garra Blanca, la hinchada del Colo Colo haciendo flamear sus banderas en la Alameda, junto a banderas mapuche y pancartas alusivas al conflicto y denunciando los festejos oficiales del bicentenario de la independencia.