Ismael Espinoza Ramírez y Manuel Santos Crisóstomo –simpatizantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que embistieron y lesionaron a cuatro elementos de la Policía Federal en la autopista México-Querétaro el pasado 11 de noviembre– pagaron su fianza y enfrentarán su proceso penal en libertad en el juzgado tercero de distrito en materia penal con sede en Tlalnepantla, estado de México, por la comisión del delito de lesiones. El Consejo de la Judicatura federal confirmó que los dos simpatizantes del SME obtuvieron su libertad este viernes tras pagar una fianza que de acuerdo con fuentes del Poder Judicial fue de 2 mil pesos cada uno. Espinoza Ramírez y Santos Crisóstomo fuero acusados inicialmente de los delitos de homicidio en grado de tentativa, ataques a las vías generales de comunicación y delitos cometidos contra funcionarios públicos. Sin embargo el juez de su causa reclasificó los delitos.

Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del sindicato minero, dijo que con la extinción de Luz y Fuerza del Centro el gobierno de Felipe Calderón llegó al término de su credibilidad porque es una administración que sólo protege a los grandes empresarios. Por ello, pidió a sus compañeros mantenerse alerta contra estas prédicas de falso compromiso de unos gobernantes ineptos y enemigos del pueblo trabajador. En un mensaje escrito, enviado ayer desde Canadá –país donde radica–, Gómez Urrutia felicitó también a los mineros de San Luis Potosí (sección 222 de esa organización gremial), a quienes dijo que no se ha doblegado ni se doblegará ante la persecución política del gobierno.

Según versiones oficiales, se suicidó en una casa de seguridad de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Zambada Reyes, sobrino de Jesús El Mayo Zambada García, uno de los jefes del cártel de Sinaloa.

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 20 de noviembre. La Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) región Carranza pidió a la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que exija a su líder en Chiapas, Alejandro Gamboa, no intervenir ni obstaculizar su lucha por la excarcelación de tres miembros de la agrupación, acusados de falsificar firmas y documentos.