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La defensa asegura que la acusación de la PGR es endeble

Formal prisión contra empresario colombiano por lavado de dinero
 
Periódico La Jornada
Lunes 23 de noviembre de 2009, p. 14

El juzgado cuarto de distrito con sede en el estado de Jalisco dictó auto de formal prisión contra el empresario colombiano del ramo inmobiliario identificado como Carlos White y/o Daniel de la Garza, a quien se acusa de lavar dinero para el cártel del Golfo, mediante la adquisición de inmuebles en México.

Rogelio de la Garza, su abogado, informó a La Jornada que la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) es endeble y tiene inconsistencias, ya que se le acusa de acciones delictivas a partir de 2008, “supuestamente en favor del ex capo del cártel del Golfo Osiel Cárdenas Guillén, quien fue detenido en 2004 y extraditado a Estados Unidos en enero de 2007. Entonces, ¿cómo es posible que siga operando desde una cárcel de alta seguridad estadunidense?”  

A decir del abogado, quien negó tener algún parentesco con su cliente, que se apellida igual que él, aseguró que el detenido puede comprobar que diversos inmuebles a su nombre los adquirió con dinero de procedencia lícita.

Vamos a citar en el proceso a los empresarios del ramo cervecero, de apellido Sánchez Navarro, para que confirmen que varias de las casas y departamentos que adquirió mi cliente lo hizo asociándose con éstos y otros empresarios, quienes aportaban el dinero para comprar bienes raíces, destacó el litigante.

En agosto pasado, elementos de la Policía Federal detuvieron a tres colombianos que se presume se dedicaban a lavar dinero del crimen organizado a través de la adquisición de inmuebles, según información difundida entonces por la PGR.

Los detenidos fueron identificados desde ese momento como Carlos White, quien se hacía pasar por el mexicano Daniel de la Garza; su esposa, Silvia Posada, quien vivía con el alias de Mónica Álvarez, y Diego Palacios, quien es amigo del primero.

Arraigados durante dos meses, los detenidos fueron trasladados la semana pasada a diferentes penales federales. Como parte de la investigación correspondiente, la PGR cateó tres inmuebles ubicados en el Distrito Federal y Huixquilucan, así como Acapulco, donde residían.