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Ahora sí tendrán que pagar o les cortaremos el suministro, dice

Gobierno y empresas adeudan a LFC unos $10 mil millones, admite Kessel
 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de noviembre de 2009, p. 7

Antes del cierre de Luz y Fuerza del Centro (LFC), dependencias públicas, empresas privadas y municipios debían al organismo, en conjunto, más de 10 mil millones de pesos, reconoció ayer el gobierno federal.

Los grandes usuarios de LFC –organismo extinto por decreto el 11 de octubre pasado– integran las cuentas especiales y, según la secretaria de Energía, Georgina Kessel, ahora sí tendrán que pagar sus deudas porque de lo contrario se les cortará el suministro.

El 28 de octubre pasado, este diario documentó los adeudos de grandes consumidores de LFC que superaban, al cierre de 2008, los 12 mil millones de pesos.

La mayoría de los clientes incluidos en esa clasificación aún reciben el servicio de energía eléctrica y, de acuerdo con trabajadores del área de recuperación de pérdidas no técnicas, esa situación era avalada por altos funcionarios del organismo, encabezados por Jorge Gutiérrez. Kessel presidía la junta de gobierno.

En conferencia de prensa, la funcionaria se refirió al caso de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) denunciado en Estados Unidos.

Aseveró que no habrá impunidad para quienes estén involucrados y que las investigaciones llegarán a todos los niveles y hasta las últimas consecuencias.

Sí, estamos buscando que se haga un análisis a fondo de las circunstancias y del hecho mismo, y por eso se interpuso la demanda respectiva ante la PGR de parte del director de la CFE.

–¿Habrá investigación sólo entre empleados medios o también de altos funcionarios de CFE?, porque parece que ellos son los contactos de esta red.

–Tenemos que hacer, por supuesto, todas las investigaciones necesarias y eso está en manos de las autoridades correspondientes, que es la PGR.

–¿Tenía usted conocimiento de estos actos de corrupción o es la primera noticia que tiene de ellos?

–Yo sí quiero ser muy enfática en este punto: estamos decididos a que se hagan las investigaciones correspondientes… y que se actúe hasta las últimas consecuencias contra los que resulten responsables de este acto que ha sido mencionado ya.

En cuanto a los adeudos por cuentas pendientes que dejaron sin pagar a LFC dependencias y empresas, la pregunta fue para Héctor Orozco Hernández, director corporativo del proceso de empresas del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Primero dijo que se trataba de miles de millones de pesos los que se adeudan de energía, y que se están cobrando en este momento. Ante la insistencia de los reporteros, señaló que son más de 10 mil millones de pesos pendientes de cobro.

–¿Van a seguir solapando para que no paguen chicos ni grandes, como ha ocurrido?

–A todo mundo se le va a cobrar por los procedimientos normales, y el que no pague, se procederá por la vía adecuada, de acuerdo con la normatividad vigente.

En ese momento intervino Kessel. Manifestó que en lo que respecta a las grandes cuentas por cobrar, se estará haciendo la cobranza como se tiene que hacer para cualquier empresa y estaremos vigilando que esos cobros se realicen, y si no, se estarán efectuando los cortes (de energía) correspondientes.

México ha pagado muy caro tolerar la corrupción

Durante décadas en México se ha tolerado la corrupción en el otorgamiento de contratos en el sector energético, lo que llevó al país a pagar un alto precio en recursos públicos y en la calificación internacional, afirmaron especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Roberto Gutiérrez Rodríguez, de la UAM-Xochimilco, afirmó que nadie en la CFE ha negado la existencia de casos como el que denunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que involucra a funcionarios de la paraestatal en un presunto soborno en la entrega de contratos millonarios a una empresa texana.

Raúl Cárdenas, ex rector de la Escuela Libre de Derecho, afirmó que desde tiempos de Miguel de la Madrid se afirmó que se iba a acabar con los abusos; se creó la Secretaría de la Función Pública y se tipificó el delito de enriquecimiento ilícito, que sólo ha sido letra muerta.

Con información de Laura Poy