Contrario a lo resuelto por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en seis años de operación, el pleno de ese organismo determinó ayer mantener en la confidencialidad permanente los nombres de los reos fallecidos en penales de máxima seguridad, porque sus deudos tienen derecho al olvido.

En una votación dividida, el pleno ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal dar a conocer una versión pública de los expedientes médicos –sin nombre– de al menos 17 internos que de 2000 a la fecha han muerto en el penal del Altiplano, estado de México. Sin embargo, la lista con los nombres de quienes han fallecido en ese centro penitenciario de máxima seguridad, en los últimos nueve años, nunca se dará a conocer a la ciudadanía, luego que el pleno del IFAI concluyó que era necesario proteger la memoria y el honor de los familiares de los presos muertos.

Sólo si la SSP determina hacer público el nombre del reo o reos fallecidos en alguno de los penales de máxima seguridad del país, el ciudadano tendrá acceso al dato correspondiente.

A la fecha se sabe que en el Altiplano murieron Miguel Ángel Beltrán Lugo, El Ceja Güera, y Arturo Guzmán Loera, El Pollo, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán. Ambos fueron asesinados en esa prisión: el primero, el 6 de octubre de 2004, y el segundo, el 31 de diciembre de ese año.

Durante un prolongado debate sobre el único caso que discutió en la sesión de este miércoles el pleno del IFAI, la comisionada ponente del recurso 3751/09, María Marván, pidió revocar la confidencialidad establecida por la SSP, la cual arguyó que los nombres de los reos son datos personales y, por tanto, no tienen carácter público; además, clasificó los expedientes médicos.

Marván argumentó que los fallecidos no tienen derecho a la protección de sus datos personales, porque son derechos que se otorgan a las personas vivas. Incluso, se pronunció a favor de la desclasificación de expedientes médicos: Si bien el instituto ha sido guardián de los mismos, como datos confidenciales o personales, en aras del interés público, de conocer qué tipo de servicios y atención médica se da a la persona que está en la cárcel, los expedientes deben darse a conocer, planteó.

A favor de la propuesta de Marván votó el comisionado José Trinidad. En contraparte, las comisionadas Jacqueline Peschard, Sigrid Arzt y María Elena Pérez- Jaén se pronunciaron por preservar la privacidad de los deudos de los presos con la confidencialidad permanente de los nombres.

Arzt se manifestó por la clasificación confidencial de los expedientes médicos, incluyendo las enfermedades siquiátricas y genéticas de los reos, pero al votarse ese punto, se quedó sola.