a Suprema Corte de Justicia de la Nación es el único de los tres poderes federales que no es democrático; sus integrantes no llegan al cargo, como en el caso del Poder Legislativo y el Ejecutivo por elección popular; se ha conservado la fórmula mediante la cual se designa a los nuevos ministros a través de ternas propuestas por el Presidente de la República, entre cuyos integrantes escoge el Senado. Como ya se ha hecho costumbre, en este procedimiento prevalecen los acuerdos de dirigentes partidistas y legisladores influyentes.
El mecanismo no deja de ser, por tanto, elitista y se presta a suspicacias, con más razón después de un largo periodo durante el cual este alto tribunal ha tomado decisiones impopulares, de claro carácter neoliberal y contrarias a los intereses de la gente. Esta desconfianza se ha expresado de diversas maneras; me ha parecido especialmente aguda y severa la del periodista, compañero de La Jornada, Julio Hernández López, quien en el Astillero de hace unos días expresa las razones por las cuales no se puede esperar mucho de la designación de los dos flamantes ministros.
Otro motivo de descontento se deriva de la actitud –muy salinista– de ni los veo ni los oigo del impopular Calderón, quien no se dignó escuchar a un grupo muy amplio de abogados independientes y no comprometidos con los grandes empresarios ni con el gobierno federal, que propusieron al doctor Jorge Fernández Souza para que fuera considerado en alguna de las ternas.
Fernández Souza es un destacado magistrado, reconocido catedrático universitario y abogado comprometido socialmente del lado de los sindicatos y de las causas populares; no puede ponerse en duda su experiencia, pues fue miembro del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y es actualmente integrante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; no obstante, ni se le incorporó a las ternas ni se dio explicación alguna al respecto.
En la propuesta que presenta el titular del Ejecutivo, puesto en tela de juicio por los vicios de su elección, no se dan razones de por qué se eligieron unos candidatos o por qué no se tomó en cuenta a otros. Pura discrecionalidad sin explicación a la opinión pública; cada vez más nos alejamos de un sistema en el que la voz de los ciudadanos sea escuchada e influya en los gobernantes. Un sistema autoritario y soberbio como el actual simplemente se cierra a la opinión que se encuentra más allá de su pequeño grupo.
Sin embargo, hay circunstancias que por alguna razón profunda que quiere encontrar salidas a la grave situación por la que pasa nuestro país nos hacen alentar algunas esperanzas de mejoría. Del nuevo ministro Fernando Zaldívar Lelo de Larrea no se sabía mucho, sólo que era socio o dueño de un próspero despacho, que cobra en dólares, y maestro de la Escuela Libre de Derecho, pero el cálido elogio que de él hace el ministro Genaro Góngora Pimentel, a quien sustituye, no puede pasar desapercibido.
Góngora Pimentel fue un ministro de la Corte con sensibilidad social y valor para enfrentarse a la corriente que prevalece en el tribunal del que formó parte en forma brillante y, por tanto, su voz tiene que ser atendida.
Por lo que toca al otro nuevo ministro Luis María Aguilar, tiene a su favor una larga carrera judicial en la que ha demostrado capacidad y conocimientos, pero también puedo decir en su favor que en mi vida de litigante no he escuchado opiniones que lo tachen de funcionario venal o incompetente; personalmente me consta que es un profesionista preparado que escaló, paso a paso, el puesto que ahora tiene desde simple meritorio, lo que debe alentar a los servidores públicos de esta rama del poder.
Pudiera ser que los nuevos integrantes de la Suprema Corte, a diferencia de la mayoría de los que ahora serán sus pares y compañeros de trabajo, no se olviden de que el derecho moderno no se divide solamente en las ramas de derecho público y derecho privado, que existe el derecho social, que en México ha tenido destacados cultivadores como Mario de la Cueva, Rafael Preciado Hernández, entre otros, quienes reconocieron el principio según el cual en justicia hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales; que hay ramas del derecho que reconocen debilidades y diferencias que por equidad es necesario subsanar y corregir; para eso están los tribunales y no sólo, como sucede frecuentemente, para favorecer a los de arriba.
