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Entrega apurada al Senado del proyecto, que plantea segunda vuelta en comicios presidenciales

Recorte y relección en el Congreso, pide reforma política de Calderón

Partidos, obligados a lograr mayor votación para subsistir; propone candidaturas independientes

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El presidente Felipe Calderón durante la presentacion de su iniciativa de reforma políticaFoto Yazmín Ortega
 
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de diciembre de 2009, p. 3

A contrarreloj, el presidente Felipe Calderón propuso ayer al Congreso de la Unión una reforma política que incluye la instauración de la segunda vuelta en los comicios presidenciales y candidaturas independientes en todos los cargos, así como la disminución del número de diputados y senadores.

La iniciativa, que fue enviada al Senado cuando faltaban horas para que concluyera el periodo ordinario de sesiones, tiene tres puntos en común con los ocho que impulsa Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en esa cámara, y que hasta ahora es el planteamiento más visible:

La relección de legisladores federales, locales y delegados (hasta por 12 años en total), la reducción del número de integrantes del Congreso y la votación en referéndum de determinadas reformas constitucionales.

Con el formato de un decálogo, Calderón anunció que busca además aumentar de 2 a 4 por ciento la votación requerida para que un partido conserve el registro, que los ciudadanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación puedan presentar iniciativas, y que el Presidente también envíe iniciativas preferentes, con el propósito de evitar que permanezcan en la congeladora y pueda hacer observaciones al presupuesto y a leyes aprobadas.

Al hacer un llamado al Congreso para que analice este paquete de cambios, señaló que la meta es que la política deje de ser sinónimo de conflicto y de parálisis en México.

Por ello, anunció que tomará en cuenta las observaciones del Instituto Federal Electoral (IFE) para elaborar en semanas subsecuentes otras iniciativas de ley en la materia y concretar la que bautizó como la transformación más profunda que se haya implementado en mucho tiempo.

Casi tres meses después de anunciar esta intención, el Presidente dio lectura a un mensaje acompañado por primera vez por Miguel Alessio Robles, consejero jurídico de la Presidencia de la República, y por su esposa Margarita Zavala, quien se sentó a un costado de la primera fila del área de prensa en el salón Manuel Ávila Camacho.

Tras criticar las reformas que se han realizado en los últimos 15 años porque no han logrado gobiernos más eficaces, afirmó que su propuesta es para que el poder se someta de manera clara y más contundente a los electores, y que el ciudadano sea quien premie el buen desempeño o castigue un ejercicio irresponsable o insensible del poder. Luego presentó sus 10 propuestas:

Relección: Dejar en libertad a las legislaturas locales y a la Asamblea del Distrito Federal para poder establecer la elección consecutiva de los alcaldes y demás miembros de los ayuntamientos, así como de los jefes delegacionales, por un periodo máximo de 12 años.

La premisa, dijo, es que quien gobierne bien siga en el cargo y quien lo haga mal o mediocremente se vaya.

En segundo lugar planteó que se permita también la relección de legisladores federales por el mismo periodo, con la idea de recuperar para los ciudadanos un poder que se les había negado desde 1933, ya que el Constituyente de 1917 no restringió la posibilidad de los congresistas para repetir inmediatamente en el cargo.

Reducción de diputados y senadores: También defendió la eliminación de 32 escaños plurinominales, para que haya 96 senadores en total.

Por lo que hace a la Cámara de Diputados, se reduciría de 500 a 400 legisladores: 240 electos por el principio de mayoría relativa y 160 por el de representación proporcional. Ello para superar la parálisis legislativa y generar ahorros presupuestales.

Iniciativas ciudadanas y de la SCJN: El proyecto consiste en que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante el Congreso sobre temas de su interés, lo mismo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en asuntos de su competencia.

Candidaturas ciudadanas y registro de partidos: Otro cambio consiste en incorporar en la Constitución la figura de candidaturas independientes para todos los cargos de elección popular, sin demérito de los partidos.

Para garantizar una mayor representatividad social de los partidos, que, aseguró, reciben cuantiosos recursos del erario, sugirió aumentar a 4 por ciento la votación mínima para conservar el registro.

Segunda vuelta electoral: Bajo este sistema sería electo el candidato presidencial que en la primera vuelta obtenga más de la mitad de los votos emitidos, y si ninguno logra mayoría absoluta pasarían a una segunda etapa los dos que hayan obtenido el mayor número de sufragios. Esta se efectuaría en la misma fecha que la elección legislativa.

En defensa de esta propuesta, que fue rechazada semanas antes por Beltrones, arguyó que se asegura que quien gane tenga el mayor apoyo y un mandato más claro.

Iniciativas preferentes del Ejecutivo: En noveno lugar pidió facultar al Ejecutivo para que pueda presentar al inicio de cada primer periodo ordinario de sesiones dos iniciativas preferentes, que en caso de no dictaminarse en el mismo se considerarían aprobadas. La idea es sancionar la inacción, la falta de debate y de decisión.

Las iniciativas presentadas bajo este procedimiento serían sometidas, en caso de que no exista decisión en un sentido o en otro por el Congreso, a un referéndum ciudadano. En el caso de reformas constitucionales, deberían ser aprobadas por dos terceras partes de los participantes y por más de la mitad en los estados.

La décima propuesta establece la facultad del Ejecutivo para presentar al Congreso observaciones parciales o totales a los proyectos de ley aprobados por el Legislativo, así como al Presupuesto de Egresos de la Federación.

De persistir la postura del Congreso en cuanto a esas leyes, el Presidente podría modificarlas bajo las figuras de reconducción presupuestal o reconducción de la Ley de Ingresos para, dijo, dar certeza al funcionamiento de las instituciones del Estado y evitar riesgo en la conducción de las finanzas públicas.