El director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Juan Carlos Gutiérrez, manifestó que en 2010 “daremos puntual seguimiento a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relativas al campo algodonero –tres casos de feminicidio, en Ciudad Juárez–, y en el tema de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, ocurrida en 1974, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, durante la denominada guerra sucia”.

La CMDPDH, expresó Gutiérrez, “espera que, en cumplimiento a la resolución de la CIDH, el Ejecutivo impulse la reforma al Código de Justicia Militar, para que los elementos castrenses que cometan violaciones de derechos humanos –tortura, asesinato, violación sexual, desaparición forzada, detención arbitraria, entre otras– sean sometidos a la justicia civil”.

Aunado a ello, el Ejecutivo debe enviar un mensaje a las fuerzas armadas y a los jueces militares para que cuando conozcan de casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares declinen la competencia y envíen el caso a la justicia civil.

De igual forma, señaló Gutiérrez, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) debe concertar un acuerdo para que los agentes del Ministerio Público, cuando reciban denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas castrenses, no declinen los casos, como ha ocurrido hasta hoy, sino que asuman la competencia y lleven a cabo las indagatorias correspondientes.

Como el gobierno “no se puede echar para atrás en el cumplimiento de las dos resoluciones de la CIDH, en virtud de que el titular de la Secretaría de Gobernación dijo que se acatarán las sentencias, entonces el gobierno debe enviar también una reforma a la ley de desaparición forzada de personas, para eliminar los candados que hoy tiene, y deberá impulsar las investigaciones de los cientos de casos de desapariciones forzadas que han sido documentadas”.

En este punto, el gobierno debe crear “o una fiscalía especial que investigue los crímenes del pasado, o agentes del Ministerio Público especializados en casos de desapariciones forzadas; se debe continuar avanzado en las investigaciones y excavaciones donde se supone están enterrados varios de los desaparecidos en Atoyac, Guerrero, durante la denominada guerra sucia. Se tienen ubicados esos sitios y, obviamente, cuando se efectúen esas excavaciones, familiares de las víctimas y representantes de organizaciones sociales deberán estar presentes, incluso, hemos propuesto que participe el equipo argentino de antropología forense”.

Por lo que respecta a la sentencia del caso conocido como campo algodonero, el director ejecutivo de la CMDPDH resaltó: estaremos pendientes de las investigaciones, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno que se investigue no sólo a los que secuestraron, torturaron, violaron y asesinaron a las mujeres, sino que se indague además a los funcionarios públicos que con sus actuaciones han avalado y permitido que estos crímenes permanezcan en la impunidad.

Gutiérrez señaló además que “estaremos vigilantes del cumplimiento de la resolución de la CIDH en el caso de feminicidios por parte del titular de la PGR, ya que él fue procurador general de Justicia en Chihuahua”.