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El gran pendiente en la materia es la impunidad existente en México: Édgar Cortez

Prevén ONG panorama poco alentador en materia de derechos humanos este año
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de enero de 2010, p. 10

Este año arranca con mal augurio y un panorama poco alentador para los derechos humanos, ya que el gobierno federal no tiene una política clara en la materia, aseveraron defensores de dichas garantías.

Sin embargo, coincidieron en que las recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –sobre el campo algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el caso Rosendo Radilla, desaparecido durante la llamada guerra sucia, en las que acreditó que el Estado es responsable de violaciones a garantías fundamentales– pueden ser la palanca para activar las escasas acciones del gobierno mexicano en el tema y para que se realicen las reformas necesarias.

Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, y Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), advirtieron que la modificación del fuero militar, el replanteamiento de la estrategia contra el crimen organizado, el análisis de las regresivas reformas antiaborto en 18 estados, el combate a la impunidad y la garantía de los derechos fundamentales a grupos minoritarios son algunos de los pendientes que este año deben atender las autoridades.

Cortez indicó que a partir de la sentencia de la CIDH sobre el caso Radilla, el Estado mexicano está obligado a modificar el código de justicia militar, para que los casos de delitos y abusos cometidos por elementos castrenses contra la ciudadanía sean atendidos en el fuero civil y que la procuraduría de la Defensa se limite sólo a revisar los casos de disciplina en el Ejército.

Añadió que la estrategia de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada ha tenido consecuencias negativas para los derechos humanos, por lo que “cada vez es más indispensable que el gobierno tenga capacidad de escuchar para evaluar y modificar estas acciones que sólo han incrementado la violencia, que ha dejado más de 6 mil 500 ejecutados”.

El gran pendiente en la materia, dijo, es la impunidad existente en México, debido a que no existen instituciones ni mecanismos que garanticen la justicia. Además de que el gobierno no hace patente su decisión para contrarrestar este flagelo y sancionar a los responsables de violaciones a las garantías fundamentales.

Luis Arriaga consideró que debido a que el gobierno federal se ha enfocado a la llamada guerra contra el narcotráfico, éste ha dejado en el abandono la responsabilidad de Estado de atender y cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía, que en este año deben ser prioritarios.

Por la injerencia militar en la seguridad pública, el gobierno se ha desvinculado de derechos importantes como salud, educación, vivienda, alimentación y otros, a los que en la práctica se considera como un tema de filantropía y no de obligación del Estado mexicano. En una sociedad que se dice democrática, garantizar la seguridad implica a su vez cumplir con estos derechos, añadió el director del Prodh.

Señaló que en la agenda 2010 de los derechos humanos debe incluirse el análisis de la falta de equidad en el ámbito de justicia, porque existen dos sistemas penales: uno para los amigos y otro para los que no lo son, quienes se ven sujetos a procesos plagados de irregularidades y sentencias injustas.