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Demanda que el gobierno cumpla recomendación de la CIDH

Impulsará el PRD en San Lázaro comisión que investigue sobre desaparecidos políticos
Enrique Méndez y Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Jueves 21 de enero de 2010, p. 12

El PRD en la Cámara de Diputados impulsará una comisión que investigue la verdad material e histórica para que se castigue a los autores y cómplices de las desapariciones forzadas durante la guerra sucia.

A raíz de la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, el partido del sol azteca expuso que la administración de Felipe Calderón debe cumplir con la sentencia que obliga a encontrar al dirigente campesino y modificar el Código de Justicia Militar.

Leticia Quezada y Florentina Rosario, diputadas del PRD, anunciaron que su partido solicitará integrar la comisión para dar seguimiento a más de mil 300 casos de detenidos o desaparecidos por motivos políticos. También, Tita Radilla, hija del líder campesino desaparecido desde el 25 de octubre de 1974 en un retén militar en Acapulco, solicitó al Congreso revisar el fuero militar y aprobar una ley que atienda las desapariciones forzadas.

Julio Mata, integrante de la Asociación de Familiares, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, acusó que el Estado mexicano se ha empeñado en ocultar la verdad histórica sobre las desapariciones por motivos políticos.

A lo largo de 11 años hemos impulsado el caso Radilla Pacheco en un tribunal internacional. El gobierno debe adecuarse a los tratados internacionales, porque han sido detenidas o desaparecidas más de mil 300 personas, y sus familiares seguimos esperando.

Asimismo, la Primera Comisión de la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República un informe sobre los resultados de las investigaciones y los procesos criminales a los presuntos responsables de las agresiones y homicidios cometidos contra periodistas, para determinar si han sido debidamente juzgados y sancionados.

La comisión definió que deben tomarse las medidas necesarias para frenar los delitos cometidos contra informadores, así como llegar hasta sus últimas consecuencias para sancionar a los responsables y garantizar su seguridad en el ejercicio de la profesión.

A propuesta del senador Ricardo Monreal Ávila (PT), se decidió exigir que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas informe al Poder Legislativo los procesos criminales seguidos en contra de los presuntos responsables de agresiones y homicidios en contra de comunicadores.

La comisión concluyó que los ataques sistemáticos a periodistas representan un obstáculo a su trabajo y reflejan un Estado fallido, en el que la incivilidad, la inseguridad y la impunidad son sólo algunos ingredientes para socavar el estado de derecho y la consecuente democracia.

Afirmó que la libertad de expresión y el acceso a la información constituyen herramientas útiles para desafiar un régimen de corrupción y, por lo tanto, se requiere una oposición enérgica a que continúen estas agresiones.