Después de tres cirugías para curar sin éxito una complicación de peritonitis, Cindy ya no tenía alternativa. En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) prácticamente la desahuciaron, a pesar de que dos años antes ahí le habían asegurado que era candidata a recibir un trasplante de riñón. Su papá le iba a donar el órgano. Se habían realizado los estudios clínicos necesarios y todo estaba listo, pero pasó el tiempo y la cirugía no se realizó. Luego vino la infección que puso a la joven, entonces de 15 años, al borde de la muerte.

El deterioro de su organismo fue tal, que su piel se oscureció a causa de las toxinas que su cuerpo no podía desechar. Dejó de hablar y tampoco se podía levantar. Habría muerto en pocos días de no haber sido por su amigo Julio, quien buscó ayuda y logró que la Fundación Nacional de Trasplantes (Funat) la apoyara.

Esta asociación civil, que existe desde 2001 para pagar la mitad de los gastos de las cirugías sustitutivas a personas de escasos recursos, hizo una excepción con Cindy, a quien apoyó con el costo de cinco hemodiálisis para estabilizar su organismo y que estuviera en condiciones de someterse al trasplante.

Gerardo Mendoza, director de Funat, recuerda el caso de Cindy como algo impresionante, pero más todavía que hubieran transcurrido dos años y no le realizaran la cirugía en el Seguro Social. Lamentablemente, dice, situaciones como esa son frecuentes.

En entrevista, asegura que de los 6 mil procedimientos quirúrgicos que se han realizado con el apoyo de Funat, organismo de la Fundación Carso, entre 70 y 80 por ciento han sido derechohabientes del IMSS que han esperado su cirugía de seis meses a tres años.

Antes, claro, pasaron unos dos años en estudios clínicos de todo tipo para determinar si estaban en condiciones de someterse a la operación.

A Funat también llegan personas de escasos recursos, que carecen de acceso a instituciones de seguridad social y para quienes el costo de 40 o 50 mil pesos por un trasplante en un hospital público resulta impagable.

El objetivo es, explica el director, evitar a toda costa que lo económico sea obstáculo para que una persona recupere su salud y vida. Algunos pacientes llegan a Funat y obtienen el apoyo, pero inusitadamente la mayoría de las cirugías que en los pasados nueve años han sido financiadas por la agrupación son a derechohabientes al IMSS.

Y eso que el instituto informó que en 2009 realizó mil 750 cirugías sustitutivas, de las cuales mil 100 fueron de riñón, y aseguró que su programa de trasplantes avanza hacia la consolidación.

Mendoza no se explica qué pasa. Lo puedo resumir en negligencia. La verdad absoluta es que aquí nos llegan los enfermos con sus estudios clínicos completos y con largo de tiempo en espera de la llamada del IMSS para la realización de la cirugía.

Así ha sido desde siempre, afirma el director de Funat, al recordar su experiencia. Tres veces le han trasplantado un riñón. “Entre 1998 y 1999 hice mi protocolo en el Centro Médico La Raza del IMSS para la tercera cirugía. La última cita, programada ocho meses antes, era en Cardiología. Cuando regresé con la nefróloga para entregarle ese último resultado, me dijo ‘váyase a su casa. Nosotros le llamamos’. Estamos en 2010 y jamás me han llamado”. Mendoza pudo realizarse la operación varios años después, en un hospital privado.

La excusa, tal vez, podría ser la falta de donador. Pero tampoco. Muchos pacientes tienen un familiar a quien el Seguro Social también le ha hecho todos los estudios necesarios para comprobar la compatibilidad con el receptor.

Ése era el caso de Cindy, emblemático por la gravedad que alcanzó y porque en menos de tres semanas fue operada. Los estudios clínicos se repitieron y su papá pudo donarle el órgano.

Después regresó al IMSS, donde le empezaron a dar los medicamentos para evitar el rechazo del órgano. Ahora Cindy tiene 23 años. Se casó y espera su primer hijo.

Igual que ella, los derechohabientes del Seguro Social tienen la ventaja de que pueden garantizar el acceso a la terapia que deben tomar de por vida. En cambio, quienes están fuera de ésta o algún otra institución de seguridad social se enfrentan al problema de garantizar que tendrán los recursos para pagar esos tratamientos.

Cuando esto ocurre, señala Mendoza, las instituciones se enfrentan a la disyuntiva de realizar el trasplante como sea o, como ocurre en varias entidades del país, que mejor no las hacen porque serán un fracaso si la persona está imposibilitada para pagar las medicinas.

Mendoza asegura que en Funat la visión es en favor de dar a los enfermos la oportunidad de vida. De entrada, mejorar radicalmente su salud y estar en condiciones, incluso, de buscar un trabajo que les permita pagar su tratamiento.

No obstante, la asociación civil –que a su vez es financiada por la Fundación Carso, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y otras organizaciones privadas– promueve algunas alternativas que muy probablemente no gustarán a los laboratorios, pero que resuelven el problema de la carencia de dinero.

Es utilizar las terapias inmunosupresoras de primera generación. Hasta ahora existen ya tres generaciones de ese tipo de medicamentos. La primera surgió en la década de los 60, cuando se realizaron los primeros trasplantes con azatioprina y prednisona.

A mediados de los 80, la ciclosporina representó un nuevo avance. También se administraba con prednisona y para la mitad de la década de los 90 surgió la tercera generación con tacrolimus y micofelonato.

De acuerdo con los especialistas, en cada nueva fórmula se mejora la tolerancia, la esperanza de vida y, el mecanismo de acción, y han disminuido los efectos secundarios.

El problema es su costo. Mientras las moléculas de la primera generación tienen un precio comercial de 400 pesos, las marcas más recientes alcanzan ocho mil pesos.

Mendoza asegura, con base en su experiencia –pues 21 de los 24 años que lleva con un riñón sustituto utilizó medicamentos de primera generación–, que los pacientes de escasos recursos pueden optar por las terapias anteriores, las cuales garantizan que su organismo no rechazará el órgano trasplantado.

Además, ya existen fórmulas genéricas, cuyo costo se reduce a la mitad en relación con los productos de patente. El activista mencionó que en Querétaro ya ofrecen a los pacientes estas posibilidades, y en Durango el tema está a discusión.

Lo importante es que esta información se difunda, porque la gran injusticia continúa siendo que se niegue a las personas la oportunidad de seguir con vida y realizarse las cirugías por cuestiones económicas.