En 97.6 por ciento de las obras de infraestructura licitadas durante 2009 por el gobierno federal al sector privado, con valor de 180 mil millones de pesos, se encontraron problemáticas diversas: desde irregularidades en la licitación y mala calidad en las obras hasta atraso en la entrega, informó el subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Rafael Morgan Ríos.

Ante integrantes de la Cámara Mexicana de la Construcción, que exigieron agilizar la asignación de los recursos públicos y eliminar trámites, el funcionario anunció una tala regulatoria a mediados de 2010, para eliminar al menos 6 mil normas.

En entrevista, Morgan precisó que de 18 mil normas que existían, hemos logrado tumbar unas 3 mil. Hay demasiada normatividad, que a su vez propicia corrupción, retrasos e ineficiencia en general, por lo cual queremos dejar sólo las leyes principales y tres o cuatro manuales de operación en obra pública.

Ante empresarios y otros servidores públicos, el subsecretario pidió a las dependencias y entidades del gobierno federal que agilicen la terminación de esas obras de infraestructura.

En la sede de la SFP detalló que el gobierno federal licitó un total de 4 mil 317 obras el año pasado con un valor de 429 mil millones de pesos; de ellas, 97.6 por ciento (4 mil 215) presentaron varios problemas que han significado un reto para la dependencia.

A la fecha, dijo, se han terminado mil 547 obras con un valor de 73 mil 564 millones de pesos. Aún quedan pendientes 122, incluidas en el Programa Nacional de Infraestructura por su importancia; 24 tienen retrasos mayores y 220 se auditan al tiempo que se construyen, para evitar auditorías postmortem.

Morgan dijo que por diversas causas rescindieron los contratos a 16 obras licitadas, pero no especificó las irregularidades en que incurrieron.

Comentó que se encontraron supervisión deficiente, tanto en la administración pública como en las constructoras; problemas en la contratación y muchos en la licitación, de lo que más se quejan los empresarios. Por ello se modificaron la ley de adquisiciones y la de obra pública, y ahora se busca facilitar contrataciones y licitaciones. Hay obras con atraso de 30 por ciento que hemos logrado echar a andar.

Adelantó que queremos eliminar 6 mil normas, porque en exceso generan corrupción. Lo curioso es que las propias dependencias constantemente emiten lineamientos, oficios y una serie de disposiciones que después ni ellas mismas pueden cumplir.