Una segunda vía para preservar la exclusividad en la venta de medicamentos la tienen los laboratorios trasnacionales en el artículo 12 transitorio de la Ley de Propiedad Industrial, modificado en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), donde México aceptó reconocer patentes por el mismo tiempo que dicha licencia estuviera vigente en su país de origen.

Con ese acuerdo se beneficiaron 600 productos, los últimos de los cuales perderán, a más tardar en 2012, la exclusividad de comercialización; pero ahora las empresas extranjeras que en otras naciones consiguen ampliaciones de patentes pelean en tribunales para que aquí también se les reconozca ese derecho.

Lo han logrado en alrededor de 12 productos, y sólo en uno, el del micofenolato de mofetilo (inmunosupresor), los laboratorios nacionales ganaron el juicio a la trasnacional Roche. Después de cuatro años de litigio, los jueces determinaron que era improcedente la extensión de la patente y la revocación de los registros sanitarios ya otorgados para la fabricación de genéricos.

Guillermo Solórzano, abogado del laboratorio nacional Landsteiner, explicó que en este caso los fabricantes mexicanos lograron participar en el juicio y presentar sus argumentos porque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) les había otorgado el registro sanitario antes de que Roche entablara la demanda ante los tribunales.

Lo que generalmente ocurre es que los laboratorios presentan al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la solicitud de extensión del periodo de vigencia de los derechos de propiedad industrial antes de que éste concluya y, por tanto, cuando ningún otro fabricante ha obtenido un registro sanitario para la venta del producto en cuestión.

Ante la negativa del IMPI al requerimiento, el caso llega al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde se ha interpretado erróneamente el artículo 12 transitorio de la Ley de Propiedad Industrial, explicó Vivian Shalev, presidenta del comité de patentes de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam).

Actualmente están en proceso unos siete litigios promovidos por laboratorios extranjeros que solicitan la ampliación de la patente de sus productos, mientras otros seis ya obtuvieron el fallo en su favor. A éstos se suman al menos otros 12 que en años pasados también lograron un veredicto favorable y aún están vigentes.

Shalev comentó uno de los casos que enfrenta el laboratorio nacional Pisa, el cual pretendió participar en la fabricación de clopidogrel, útil para reducir el riesgo de que las personas sufran un infarto al miocardio o un accidente cerebrovascular.

La patente de la fórmula venció en febrero de 2007, pero el laboratorio Sanofi, titular de la licencia, solicitó su extensión a fin de que concluya el 19 de junio de 2012. Mientras el juicio termina, la autoridad sanitaria no puede otorgar registros para la elaboración de genéricos.

Con base en los reglamentos de Insumos para la Salud y de Propiedad Industrial, los laboratorios nacionales pueden iniciar proyectos de investigación e inversión hasta tres años antes de que concluya la patente de algún fármaco, a fin de que cuando se cumpla el plazo, la Cofepris les otorgue el registro en el menor tiempo posible.

Sin embargo, en éste como en el resto de los casos pendientes de resolver, esa inversión y trabajo realizado se ha frustrado, a pesar de que la Ley de Propiedad Industrial señala que en México la vigencia de las patentes es por 20 años improrrogables.

La principal consecuencia de estos procedimientos la padecen las instituciones públicas de salud que deben comprar las medicinas de alto costo. Shalev Insistió en que, por situaciones como éstas, el Seguro Social ha pagado unos 500 mil millones de pesos de más durante los pasados cinco años. Al no haber medicinas genéricas, tiene que seguir comprando las que están protegidas por una patente, subrayó.