El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 363 votos –incluidos a última hora los del PAN–, la reforma al artículo 40 de la Constitución para definir que la República, además de representativa, democrática y federal, es laica.

Durante el debate, el PAN intentó introducir en la redacción del dictamen las definiciones del Pacto de San José, para que las iglesias puedan operar medios de comunicación, instaurar la educación religiosa en escuelas privadas por decisión propia y hacer deducible de impuestos ese tipo de instrucción.

Los panistas arguyeron que ello forma parte del Estado laico moderno. La adición, presentada por Carlos Alberto Pérez Cuevas –especialista en la doctrina socialcristiana–, fue rechazada por el pleno y el perredista Reginaldo Rivera de la Torre cuestionó que Acción Nacional tratara de sorprender a los legisladores con un punto que no se defendió en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tras el rechazo de la mayoría a incluir su propuesta, ocho panistas –Jutiniano Arriaga, Alberto Esquer, Gerardo de los Cobos, Juan Huerta, Joann Novoa, Bernardo Téllez, Sandra Ugalde y Gumersindo Castellanos– se abstuvieron, y su compañero de bancada Gregorio Hurtado Leija lo hizo en contra.

En la tribuna, al argumentar en favor del dictamen, el presidente de esa comisión, Juventino Castro y Castro (PRD) definió que otorgarle la característica expresa de laica a la República refuerza la definición del Constituyente de 1857, que fue una solución positiva para la convivencia entre religiones mayoritarias y minoritarias, y para evitar que las creencias de unos cuantos se hagan dominantes por medio de la fuerza del Estado.

César Augusto Santiago Ramírez (PRI) acotó que en la reforma no hay intención de atacar a religión alguna ni de evitar que los mexicanos ejerciten a plenitud sus derechos más sentidos.

Se trata, aclaró, de proteger la libertad religiosa y de evitar las tentaciones de estados confesionales o ateos, y en cambio de constituir, en el marco constitucional, un Estado seglar de verdad.

Porque, expuso, a pesar de la definición del Estado laico en el artículo 3 constitucional, las interferencias del Estado en las actividades religiosas y viceversa, con pretendidas intenciones de participar en los debates públicos, han complicado la relación Iglesia-Estado, que debe ser muy pulcra y muy libre.

En nombre del PRD, el diputado Feliciano Marín argumentó que el Estado laico no es antirreligioso ni anticomunista y que al reformar el artículo 40 será obligación de las autoridades públicas respetar la condición laica escrupulosamente. La laicidad es un instrumento importante, por ejemplo, para la defensa de los derechos de las mujeres cuando se les limita o subordina por razones religiosas a decidir sobre su propio cuerpo. Del mismo modo, derivado de una concepción religiosa, el gobierno federal encargado de velar por la salud de los mexicanos, ha abandonado la lucha contra el VIH/sida, resaltó.

El coordinador del PT, Pedro Vázquez González, aseguró que la reforma es resultado de una larga lucha histórica por establecer con plena claridad el carácter laico del Estado mexicano, que a su vez no combate ni impone religiones; garantiza, eso sí, a los mexicanos, la libre práctica de la religión que, en ejercicio de su libertad de conciencia, decidan adoptar.

Sin embargo, expresó, no se debe permitir que las jerarquías eclesiásticas, con cualquier pretexto, pretendan subordinar al Estado a sus intereses, declaró.

Su compañero de bancada Jaime Cárdenas Gracia ponderó que la Cámara de Diputados no quiere que en México siga avanzando de hecho, indebidamente y contrario a nuestra historia y a la Constitución, un poder fáctico que quiere asfixiar la vida laica en la República.

Dijo que la laicidad no busca promover un Estado jacobino, persecutor de las iglesias o de las creencias religiosas, sino mantener vigente, jurídica, histórica y socialmente, el principio de la separación entre la Iglesia y el Estado, y dejar claro que el fundamento de su legitimidad es exclusivamente la soberanía popular.

Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, definió que la reforma es apenas una primera respuesta a la insolencia con la que se ha conducido la jerarquía eclesiástica, y cuestionó que el cardenal Norberto Rivera llamara a la desobediencia civil y a la subversión del orden jurídico.