El Partido de la Revolución Democrática (PRD) está obligado, por mandato judicial, a pagar 36 millones de pesos por bienes y servicios a las cuatro empresas de que se valió José Ramón Zebadúa, coordinador general de administración y finanzas durante la gestión de Rosario Robles, para realizar operaciones fraudulentas contra el instituto político, el cual presentó la denuncia correspondiente en 2005.

Javier Salinas Narváez, actual secretario de finanzas del partido, explicó a La Jornada que el partido está obligado a finiquitar esos adeudos a las firmas, con domicilio fiscal en la ciudad de Oaxaca, dedicadas a la construcción e ingeniería en general, y no a la realización de impresos, carteles, plumas, dípticos y volantes, servicios que supuestamente prestaron al PRD.

Por lo anterior, la única vía que tenemos para acreditar que los adeudos reclamados son inexistentes es mediante la consignación de la averiguación previa ante un juez penal, y para ello se continúan aportando elementos para su debida integración. El más reciente fue un informe rendido por la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, fechado el 24 de noviembre de 2009, el cual informa que las facturas que supuestamente amparan los servicios prestados por las empresas no se encuentran registrados en esa unidad.

Fue presentado ante el Ministerio Público en diligencia de fecha 15 de diciembre de 2009. El conflicto legal se inició el 26 de agosto de 2004, cuando las empresas Docuprint Digital Center, SA de CV; Abastecedora Comercial Pakard SA de CV; Universal Flexo SA de CV y Jumen SA de CV promovieron cuatro juicios ejecutivos mercantiles contra el sol azteca por un adeudo global de 20 millones 85 mil 562.46 pesos.

Salinas Narváez explicó que investigaron si la dirección de contabilidad de la secretaría de finanzas del PRD conoció de estos pasivos, y no encontraron documentación que acreditara la recepción de los bienes supuestamente contratados, como tampoco existe registro en el acta de entrega-recepción efectuada por el ex coordinador general de administración de finanzas José Ramón Zebadúa González, en el capítulo correspondiente a pasivos.

Aspecto de la fachada de la sede perredista. Imagen de archivoFoto José Carlo González

Procedieron, por tanto, a solicitar la intervención de la entonces comisión anticorrupción y del órgano central de fiscalización del partido, así como a iniciar la averiguación previa correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con fecha 21 de abril de 2005, la cual quedó registrada con el número FCH/CUH-2/T1/01152/05-04, ante la fiscalía desconcentrada en Cuauhtémoc, CUH-2 mesa 3, que integra la indagatoria correspondiente.

La dirigencia nacional perredista denunció simulación de la prestación de un servicio, formalización fraudulenta de convenios y suscripción de títulos de crédito para el reconocimiento de deudas inexistentes, todos estos planeados y ejecutados por José Ramón Zebadúa González y los representantes de las empresas, explicó Javier Salinas.

La sentencia dictada por los juicios mercantiles emprendidos por las firmas fue desfavorable para el PRD, pues lo condenó a pagar las cantidades reclamadas más los intereses, lo que asciende aproximadamente a 36 millones de pesos.

En consecuencia, le han embargado cuentas bancarias y prerrogativas al partido. El IFE ya dio cumplimiento a lo ordenado por el juez segundo de distrito en materia civil, y en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009 descontó de las prerrogativas asignadas al PRD 11 millones 37 mil 468 pesos, y los puso a disposición de dicho juzgado para garantizar únicamente el pago de la suerte principal de la demanda interpuesta por Jumen.

Los montos reclamados por las empresas contratadas por Zebadúa, que derivaron en un fuerte perjuicio económico y político para el PRD, son: Docuprint Digital Center, un millón 198 mil 982.96 pesos, y Abastecedora Comercial Pakard, 649 mil 111.50 pesos, juicios radicados en el juzgado noveno de distrito en materia civil. Universal Flexo, 7 millones 200 mil pesos, radicado en el juzgado octavo de distrito en materia civil, y Jumen, 11 millones 37 mil 468 pesos, radicado en el juzgado segundo de distrito en materia civil.