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La criminalidad es un problema de salud pública, advierte

Demanda el Episcopado políticas públicas que prevengan la violencia
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El obispo Carlos Aguiar Retes, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, durante la presentación del documento sobre seguridad Que en Cristo, nuestra paz, México tenga vida dignaFoto Luis Humberto González
 
Periódico La Jornada
Martes 16 de febrero de 2010, p. 7

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) llamó a los políticos a aceptar que la violencia no sólo es un problema de seguridad, sino, ante todo, de salud pública, el cual, si bien requiere de la aplicación enérgica de la ley, al mismo tiempo exige medidas preventivas y políticas públicas que inhiban los factores que contribuyen a su existencia.

Apuntó que, además de la crisis económica, que ha generado desempleo, desigualdad, pobreza y exclusión social, hay que buscar detonantes de la violencia en la vida política del país, por lo cual es urgente superar la anticultura del fraude y de los privilegios de unos cuantos.

Demandó fortalecer la representación de la sociedad con métodos transparentes y autoridades legítimamente elegidas a las que los ciudadanos puedan pedir cuentas de su actuar.

En conferencia de prensa realizada en el Colegio de Guadalupe, Carlos Aguiar Retes, presidente de la CEM; Gustavo Rodríguez Vera, obispo de Nuevo Laredo y titular de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, así como Ramón Castro Castro, obispo de Campeche, presentaron el documento Que en Cristo, nuestra paz, México tenga vida digna, sobre inseguridad, elaborado durante un año junto con expertos nacionales e italianos y colombianos.

Los obispos también identificaron como factores que contribuyen a la violencia la crisis de legalidad, el debilitamiento del tejido social, con relajación de normas sociales y de convivencia, y la crisis de moralidad.

Aseguraron que la violencia también está implícita en actitudes discriminatorias, como las motivadas por cuestiones étnicas y de orientación sexual.

En el documento, la CEM exhorta a las fuerzas armadas y de seguridad pública que participan en los operativos contra el crimen organizado a ser fieles en su misión de defender a los débiles y favorecer la convivencia pacífica de los ciudadanos, y las llamó a respetar, promover y tutelar los derechos humanos.

Señala que la paz es un derecho fundamental, por lo cual es preciso promoverlo con iniciativas concretas, incluso, en casos extremos, con el uso legítimo de la fuerza, pero con total respeto a las garantías.

Los obispos Aguiar Retes y Rodríguez reconocieron que la mayoría de los instigadores y protagonistas de la violencia son bautizados, por lo cual admitieron con tristeza que la Iglesia católica no ha tenido una evangelización que contribuya definitivamente a una cultura de paz.

La divulgación del evangelio se ha hecho con poco ardor, sin nuevos métodos y expresiones, con énfasis en el ritualismo y con lenguaje poco significativo para la cultural actual, admitió.

En entrevista, Aguiar señaló que abatir la violencia es complejo y multidimensional (...) Esto no puede solucionarlo sólo el gobierno. Necesitamos entrar todos los sectores sociales.

Al final de la presentación, el ex procurador capitalino Bernardo Bátiz remarcó en entrevista la importancia de conocer la opinión sobre el tema de personas que están cercanas al pueblo, como son los religiosos, e insistió en que apostar todo a la fuerza (...) no ha sido lo mejor.