El juez federal Gabriel García Lanz autorizó el traslado de Jean Succar Kuri, El Johnny, al reclusorio municipal de Cancún, Quintana Roo, con el argumento de que su permanencia en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el estado de México, va contra el respeto a las garantías de defensa y del debido proceso del pederasta.

Desde hace más de tres años que fue recluido en esa cárcel federal, los juicios que enfrenta Succar por pornografía infantil y violación equiparada ni siquiera han podido cerrar la instrucción para que reciba sentencia de primera instancia, debido a que existe infinidad de pruebas documentales, periciales y testimoniales que no han sido desahogadas.

Según consta en la resolución del juzgador, de la que tiene copia La Jornada, “ha quedado de manifiesto que las garantías constitucionales del procesado están por encima de la apreciación de la autoridad administrativa en cuanto a la situación que debe guardar el reo –catalogado como de supuesta peligrosidad–; garantías que, dada la lejanía del reo con la localidad donde se le juzga, no han podido respetarse”.

Agregó que para buscar que se respeten las garantías del procesado, el suscrito juez está obligado a decretar el traslado del procesado y su reingreso a su primer lugar de reclusión (Cancún), aunado a que el encausado no se encuentra a disposición de ninguna otra autoridad judicial en dicho centro carcelario de máxima seguridad con sede en el estado de México.

El argumento del juez se dio en respuesta al principal alegato de los abogados de Succar, respecto de que los procesos penales que enfrenta se han estancado desde hace cuatro años.

La parálisis de los juicios obedece a que las diligencias judiciales no pueden desahogarse con agilidad, ya que los testigos del caso no tienen dinero para desplazarse de Cancún al estado de México, para eventuales careos con Succar, además de que muchas otras pruebas se diligencian por exhorto, lo que hace más lento su trámite.

García Lanz también consideró que la orden del traslado dictada por autoridades de Quintana Roo se emitió sin justificación o prueba fehaciente de que existiera, en su caso, una verdadera razón excepcional (...) con motivo de una propia seguridad personal o de las instituciones; es decir, que exista evidencia de que se pusiera en peligro la vida de Succar Kuri, o faltara seguridad en la cárcel pública municipal de Cancún.