El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Fernando Gómez Mont, descartó que la polémica surgida tras el reconocimiento de la negociación con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en torno al presupuesto pueda afectar su capacidad de interlocución con las fuerzas políticas.

Lo que ofrezco es buena fe y seriedad en la interlocución con todos los actores políticos, señaló. Ante preguntas sobre su posible dimisión, respondió: mientras pueda servirle al país, cuentan con toda mi disposición.

Al término de la ceremonia por el 97 aniversario de la muerte de Francisco I. Madero, se pidió al funcionario su postura sobre las versiones priístas que dan por hecho de que el presidente Felipe Calderón estuvo al tanto de todas las negociaciones en que se ofreció que Acción Nacional no haría alianzas con la izquierda a cambio del apoyo para aprobar el paquete presupuestal.

De lo que yo entero al Presidente, lo sé mejor que nadie, intentó atajar Gómez Mont, quien agregó que la postura que asuman los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática ante la SG es cuestión de ellos.

Aprovechó la ceremonia –efectuada en el Archivo General de la Nación– para promover la reforma política presentada por Calderón, reconociendo que existe impaciencia social e insatisfacción con una clase política que sienten ajena.

La democracia, añadió, requiere de la confianza social, por lo cual la indefinición, la mezquindad y el oportunismo nunca son, a largo plazo, estrategias redituables dentro del quehacer político.

Gómez Mont también se refirió a Ciudad Juárez, donde la “descomposición social y la falta de confianza en la autoridad, entre otras urgencias, han movilizado a la ciudadanía para exigir el derecho de vivir su realidad sin miedo (…) No debemos esperar que la desesperación motive a la ciudadanía, que sea la crisis la que marque las adecuaciones del camino”.

Al abundar en la iniciativa de reforma política, el funcionario defendió la segunda vuelta presidencial como mecanismo que puede dar mucho más madurez a nuestra democracia.

Reivindicó la propuesta de iniciativas preferentes del Ejecutivo, las cuales descartó que sean un esquema para anular al Poder Legislativo.

No debe entenderse como un intento para fortalecer unilateralmente el poder del Presidente. Sólo es una opción para superar la indefinición y la inactividad, creando mecanismos de asignación de responsabilidades transparentes, insistió.

La relección de legisladores, aseguró, permitirá fortalecer la rendición de cuentas y motivará que éstos atiendan las demandas de su electorado, al tener supervisión social de sus actos.

Recordó que la no relección de diputados y senadores no emergió de un principio revolucionario, sino que fue aprobada después, en 1933, buscando fortalecer al Congreso.

Acerca de la propuesta de reducir el número de integrantes del Congreso, Gómez Mont dijo que nadie cuestiona que no se necesitan más servidores públicos, sino mejores.

Añadió que el esquema de segunda vuelta presidencial también tiene por objeto la conformación de mayorías legislativas definidas por el electorado y acordadas de cara a la sociedad.

Finalmente, afirmó que elevar el porcentaje de votación mínima requerido para preservar el registro como partido político no pretende cerrar los espacios de participación social –pues por otro lado se promueven las candidaturas independientes–, sino hacer más estrictas las condiciones para erogar gastos del erario.

Por la noche, al participar en un foro sobre reforma política, descartó que la relección pueda involucrar al Poder Ejecutivo, y aseveró que no es el momento de impulsarla.

Expresó que los periodos de los titulares del Ejecutivo federal son muy largos y no sería conveniente modificarlos por ahora.

El senador perredista Arturo Núñez destacó que el esquema de rendición de cuentas mediante la relección no sólo no beneficia, sino implica importantes riesgos y formación de cacicazgos.

Señaló que si ahora los partidos se vuelcan en la compra del voto para asegurar que sus candidatos obtengan cargos públicos, esta práctica podría incrementarse si se aprueba la relección de legisladores y alcaldes.

Hacia el final del foro, Núñez y el ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral Luis Carlos Ugalde se trenzaron en un agrio debate sobre la legalidad de los comicios de 2006.

La sugerencia de que habría existido fraude motivó la descalificación de Ugalde, quien aludió al polémico proceso electoral interno del PRD, de cuya organización Núñez formó parte.