Economía
Ver día anteriorDomingo 28 de febrero de 2010Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio

Cada kilómetro construido con recursos públicos y de la IP saldrá en $37.9 millones

Financiamiento privado encarece 65% la infraestructura carretera

No obstante que la erogación se dispara, este año la mayoría de las vías que se desarrollen serán financiadas mediante asociaciones, que garantizan explotación hasta por 15 años

Foto
Autopista del Sol en el tramo Chilpancingo-Acapulco, en el estado de GuerreroFoto Notimex
 
Periódico La Jornada
Domingo 28 de febrero de 2010, p. 24

Cada kilómetro de la red carretera nacional que se construya durante 2010 mediante las asociaciones público-privadas costará en promedio 37.9 millones de pesos, monto 65 por ciento superior respecto de la misma extensión que se erija sólo con recursos públicos, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

No obstante la diferencia de costos, tres de cada cuatro kilómetros nuevos que se construyan este año serán financiados mediante las citadas asociaciones –también llamadas proyectos de prestación de servicios PPS–, que garantizan a las empresas que ganan la concesión de una carretera, el derecho a un contrato directo para mantenerla y operarla entre 15 y 30 años, a cambio de un pago trimestral proveniente del presupuesto federal.

La SCT tiene una cartera de 53 proyectos carreteros en marcha o por licitarse en 2010 bajo el esquema de los PPS, según el informe Asociaciones público-privadas para el desarrollo carretero de México 2010 que la dependencia promociona entre el sector empresarial.

La mayor cartera de proyectos en décadas: Molinar Horcasitas

Se trata de la cartera más grande de proyectos de infraestructura disponibles a desarrollar que haya tenido el país en décadas, según dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, titular de la SCT, al presentarla el viernes pasado en un seminario de oportunidades de negocios de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), donde incluso ofreció que la SCT puede fungir como mediador entre la banca internacional y los contratistas para materializar más rápido los proyectos.

Esos 53 proyectos carreteros abarcan en conjunto 3 mil 46 kilómetros de longitud e implican una inversión de 115 mil 660 millones de pesos, por lo que el costo promedio por cada kilómetro que se construya ascenderá a 37.9 millones de pesos.

En tanto, bajo el esquema de construcción tradicional que sólo depende del presupuesto federal se asignarán 23 mil 83.9 millones de pesos para 215 obras de construcción y modernización de mil 8.2 kilómetros de carretera, lo que significa que cada kilómetro nuevo costará 22.8 millones de pesos. Una diferencia de más de 15 millones de pesos por kilómetro entre ambos tipos de financiamiento.

Los PPS para el sector carretero arrancaron a la mitad del sexenio de Vicente Fox, en 2003, y el gobierno del presidente Felipe Calderón lleva diez proyectos concluidos con 770 kilómetros de obras nuevas o modernizadas, como el libramiento norte de la ciudad de México y las carreteras Tepic-Villa Unión, Monterrey-Saltillo, Amozoc-Perote o Morelia-Salamanca, entre otras.

Para este año, el documento de la SCT precisa que ya se tienen 45 proyectos carreteros en proceso, con una longitud total de 2 mil 323 kilómetros y 89 mil 610 millones de pesos, divididos en: 18 obras en marcha, 11 por iniciar vinculadas a concesiones existentes, ocho adjudicadas también por iniciar e igual número en licitaciones por concluir.

Adicionalmente, se licitarán las concesiones de nueve proyectos carreteros también bajo el modelo de asociaciones público-privadas, que implican una inversión en conjunto de 26 mil 50 millones de pesos para 723 kilómetros de longitud.

La SCT justifica el diseño y consolidación de los esquemas de asociación público-privados debido a la insuficiencia de los recursos públicos frente a las inversiones que se requieren para construir, modernizar y conservar la red carretera.

Incluso, desde noviembre del año pasado, el Ejecutivo federal envió una iniciativa al Congreso de la Unión sobre este esquema de inversión para ampliar los plazos de las concesiones, de dotar de mayor seguridad jurídica a quienes arriesgan sus capitales en los proyectos de infraestructura y agilizar las licitaciones.