oscientos setenta largos días debieron transcurrir para que oficialmente una autoridad distinta al Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pusiera nombre y apellido a dos de los principales responsables de la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo: Juan Molinar Horcasitas, actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Eduardo Bours, ex gobernador de Sonora. Nueve interminables meses para que esa misma autoridad, contrariamente a lo sostenido por las instancias dependientes de Los Pinos (PGR, Secretaría de la Función Pública e Instituto Mexicano del Seguro Social), documentara violaciones de las garantías individuales, abierta ilegalidad en la subrogación del sistema de guarderías del IMSS, irregularidades e incumplimiento de la normatividad por doquier, y desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia en el citado sistema.

Lo anterior es parte del informe preliminar que ayer divulgó el máximo tribunal del país, el cual obliga a la pareja de Los Pinos y funcionarios que la acompañan a cumplir la palabra empeñada en junio del año pasado y actuar en consecuencia: del caiga quien caiga de Felipe Calderón, pasando por la relación familiar nunca debe estar por encima de la ley, por lo que la investigación debe esclarecer lo sucedido, así como deslindar las responsabilidades correspondientes de Margarita Zavala, hasta el “nos sumamos a la demanda de justicia y castigo a los culpables, porque ésa ha sido la prioridad del IMSS; en el caso de la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo (…) el deslinde no debe hacer distingos, ni de relaciones políticas o familiares” de Daniel Karam.

Cuarenta y nueve niños murieron calcinados y 75 resultaron con quemaduras graves en el incendio del 5 de junio de 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, subrogada por el IMSS; de inmediato todos los funcionarios (federales, estatales y municipales) se movilizaron a la velocidad del rayo, pero para evadir su responsabilidad lo más rápido posible. El flamante director del IMSS, Daniel Karam, aseguró que la citada guardería aparentemente cumplía con la normatividad; las dos procuradurías involucradas (la estatal y la General de la República) no hicieron más que repartir impunidad a sus respectivos gobiernos, y dar cobertura y tiempo suficiente a los parientes de Margarita Zavala y a los de Eduardo Bours (es decir, los dueños de la ABC) para que salieran ilesos del entuerto; la Secretaría de la Función Pública deslindó de cualquier responsabilidad a Molinar Horcasitas; el Seguro Social encubrió a Carla Rochín Nieto, la licenciada en diseño de interiores por la Universidad de Guanajuato y ex gerente del restaurante El Gallo Pitagórico, a quien encargaron el sistema nacional de guarderías; y todos, absolutamente todos los funcionarios y parientes involucrados apostaron al olvido para enterrar el asunto, como acostumbran hacerlo cuando resultan responsables en situaciones como la descrita.

Pues bien, a punto de cumplirse nueve meses de la tragedia en la ABC de Hermosillo –subrogada por el IMSS a la parentela de la inquilina de Los Pinos, Margarita Zavala, y del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours–, la Suprema Corte de Justicia adelantó algunos aspectos del informe presentado por su comisión investigadora de los sucesos del pasado 5 de junio en la capital sonorense, entre los que destacan: el desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia en las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual no tiene fundamento legal para otorgar a terceros el servicio de guarderías. Por si fuera poco, no hay evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales hubieran realizado visitas de inspección a la bodega y a la guardería (ABC); sólo 14 de mil 480 guarderías del país que trabajan bajo el esquema de subrogación cumplen con todos los requisitos y a las demás les falta algún tipo de documento; la operación de las prestadoras de servicios es también irregular en su inmensa mayoría, pues solamente 0.3 por ciento de las guarderías cumple cabalmente con los requisitos exigidos para su funcionamiento; “no existe evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales hubieran realizado visitas de inspección a la bodega y a la guardería, para verificar la existencia de los respectivos programas internos de protección civil.

Lo anterior resume la negligencia y la mentira con las que se han conducido las instituciones del Ejecutivo federal y del gobierno de Sonora: el IMSS, la PGR, la SFP, la procuraduría estatal, Protección Civil y demás involucradas, que sólo encubrieron a los culpables: desde los parientes de la pareja de Los Pinos y los de el entonces gobernador Bours hasta Molinar Horcasitas y funcionarios a su servicio, participantes en una feria de contratos públicos para fines privados que el IMSS legalmente no puede otorgar.

La SCJN detalla que la participación del IMSS en la supervisión que trasciende al ámbito de la protección civil es escasa; aun cuando por virtud de su propia normatividad está obligado a verificar el cumplimiento de normas oficiales mexicanas que abordan esa materia y además remiten a la legislación estatal y municipal del mismo tópico, las autoridades competentes del instituto han omitido vigilar que las prestadoras del servicio cumplan los estándares mínimos de protección civil previstos en dichas legislaciones federales, estatales y municipales.

Quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y la guardería ABC, subraya el informe preliminar, y advierte: “si se toma en cuenta que las irregularidades encontradas en el otorgamiento del contrato, operación y supervisión o vigilancia de dicha guardería son análogas a las que adolecen la casi totalidad de las guarderías de su tipo, se llega a la unívoca conclusión de que ésta no es más que el reflejo del desorden que prevalece en aquéllas… No existe evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales, hubieran realizado visitas de inspección a la bodega y a la guardería para verificar la existencia de los respectivos programas internos de protección civil. Tampoco que las autoridades competentes del IMSS hubieran emitido, en su oportunidad, la certificación técnica de inmueble donde se alojaría la guardería para cerciorarse de la existencia de muros retardantes al fuego”.

Las rebanadas del pastel

A lo largo de nueve meses los padres de familia de los niños muertos en la ABC han denunciado lo que ahora confirma la SCJN. Bien, pero ¿qué sigue? ¿Se presenta el informe y hasta allí? De ninguna manera, porque, como se exige desde un principio: por nuestros niños y niñas, todas las voces, no a la impunidad.

cfvmexico_sa@hotmail.com y mexicosa@infinitum.com.mx