La aprobación de presupuestos multianuales destinados a las universidades públicas –federales y estatales– del país es sólo una parte de la solución. Se requiere una estrategia de Estado y un verdadero compromiso político para atender distintas problemáticas, como cobertura, calidad, pertinencia y equidad en el sistema universitario, afirmaron especialistas en el sistema educativo nacional.

Carlos Muñoz Izquierdo, catedrático de la Universidad Iberoamericana (Uia) y ex director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de esa casa de estudios, afirmó que la propuesta que presentará la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) al Congreso de la Unión y a los partidos políticos para garantizar recursos a las universidades, con proyecciones de financiamiento a tres o cinco años, puede ser una propuesta positiva, pero necesariamente debe ir acompañada de mayor transparencia en el uso de estos recursos.

Agregó que desde hace varios años el gobierno federal tiene la obligación constitucional de destinar 8 por ciento del producto interno bruto a la enseñanza, y no se requieren mayores modificaciones legales para garantizar que se incrementen los fondos públicos. En los hechos, es un problema de voluntad política, de hacer cumplir lo que marca la ley.

Al respecto, Hugo Aboites señaló que la certidumbre presupuestal es fundamental para una institución educativa, en particular las universidades, pero no basta con tener garantizado un recurso para resolver por arte de magia los graves problemas de rezago que enfrenta el sistema de enseñanza en México.

Destacó que después de 20 años de aplicación de las primeras política neoliberales en el nivel de enseñanza superior, es urgente hacer un balance y reconocer que se ha invertido mucho en el desarrollo de nueva infraestructura universitaria y científica, pero no se tradujo en un incremento sustancial de la cobertura.

Un análisis de los pasados 20 años –indicó– revela que el crecimiento de la matrícula universitaria nacional fue de 150 por ciento, pero en el periodo de 1970 a 1990 alcanzó más del doble, y cabe preguntarnos si lo único que falló fue el bajo presupuesto o la ausencia de una verdadera política de Estado que permita fijar metas claras de crecimiento y que dé certidumbre financiera a las instituciones públicas de educación superior.