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Se informó que la decisión había sido unánime, cuando en realidad fue dividida

El CJF mintió sobre el fallo que negó un amparo a mineros el 11 de febrero, denuncian
 
Periódico La Jornada
Martes 9 de marzo de 2010, p. 17

La resolución del pasado 11 de febrero en que un tribunal colegiado laboral negó el amparo al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), en su litigio por mantener las relaciones laborales entre Mexicana de Cananea, de Grupo México, y la organización gremial que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, no fue avalada por unanimidad como ese día lo informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) mediante un boletín de prensa.

Según consta en el voto particular de la magistrada María Edith Cervantes Ortiz –al que tuvo acceso ayer La Jornada–, el proyecto elaborado por esa juzgadora proponía a sus compañeros del segundo tribunal colegiado en materia del trabajo, Jorge Farrera Villalobos y Elsa Jiménez Aguilar, conceder la protección de la justicia federal al sindicato minero.

Sin embargo, después de una larga sesión privada en que los tres magistrados dividieron sus opiniones, por dos votos contra uno se determinó negar el amparo a los quejosos.

En tanto, el SNTMMSRM informó ayer que el juez décimo de distrito de amparo en materia penal en el Distrito Federal dictó una resolución del expediente 807/2009 en el que determina la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión librada en contra de Napoleón Gómez Urrutia, por el delito de lavado de dinero.

Esta sentencia ampara y protege al líder minero y otros miembros del sindicato por la acusación del delito por operaciones con recursos de procedencia ilícita y pone de manifiesto, una vez más, la persecución política que ilegalmente se sigue en contra de esta organización, señaló el sindicato en un comunicado.

Sobre el voto particular de la magistrada Cervantes Ortiz fueron entrevistados ayer los abogados del sindicato minero, Carlos de Buen y Marco Antonio del Toro, quienes informaron que ese dictamen fue utilizado para interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de revisión del amparo directo que resolvió hace tres semanas el segundo tribunal colegiado laboral.

El 11 de febrero pasado, el departamento de comunicación social del CJF informó que por unanimidad (tres votos), los integrantes del segundo tribunal colegiado en materia del trabajo en el Distrito Federal negaron el amparo al SNTMMSRM, resolución con la que se confirmó que quedaron concluidas las relaciones laborales entre la minera Cananea y la organización gremial que encabeza Gómez Urrutia.

Sobre ese caso, los abogados del sindicato explicaron que la Corte debe estudiar este recurso legal, en el que se alegan temas constitucionalidad, por lo que mientras el juicio de amparo en revisión no concluya en definitiva, seguirá vigente la suspensión en vía de amparo que protege el centro de trabajo de los mineros de Cananea, por lo que ninguna autoridad administrativa o militar puede desalojarlos.

En su voto particular, la magistrada Cervantes expuso argumentos que daban la razón al sindicato minero, por ejemplo, la juzgadora dijo que no puede perderse de vista que en materia laboral es imperativo impedir el cierre de las negociaciones ante la necesidad de mantener viva la fuente de trabajo para el caso de un conflicto colectivo, porque este busca el ajuste de las relaciones entre el patrón y el trabajadores.

Y agregó que en materia laboral el objetivo es evitar en lo posible cegar las fuentes de trabajo y encontrar soluciones para su sobrevivencia, y no limitarse a un acto arbitrario y unilateral de acudir a la vía jurisdiccional a plantear una terminación individual y colectiva de las relaciones de trabajo, así como el pacto colectivo, invocando una causa de fuerza mayor, pero soslayando el estado de huelga en que se encuentra (Cananea) desde julio de 2007.

Ahora la SCJN tiene la última palabra en este litigio. Si el sindicato pierde ese litigio en definitiva, la consecuencia inmediata será que quedará firme un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que el pasado 14 de abril respaldó la propuesta de Grupo México de liquidar a mil 100 sindicalizados y 100 empleados de confianza que laboraban en la mina de Cananea, la cual lleva 32 meses en huelga.