El consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, sostuvo que desde que se iniciaron las conversaciones con la Secretaría de Gobernación para alcanzar un convenio en torno a la cédula de identidad y la credencial para votar se planteó la necesidad de que existiera consenso de los partidos.

Reconoció la importancia de que ahora se propongan cambios legales desde el Congreso para saldar la polémica.

Entrevistado al término de un acto de promoción de educación cívica, Valdés no descartó que en la sesión del Consejo General que se realizará mañana se determine suspender las conversaciones con el Ejecutivo federal, como exhortó la Cámara de Diputados, siempre que se tome en cuenta que es necesario un profundo trabajo legislativo para hacer adecuaciones a la Ley General de Población y eventualmente a la legislación electoral.

En cumplimiento de la Ley General de Población, el objetivo central del organismo, añadió, era impedir que la credencial para votar y el padrón electoral resultaran afectados por la emisión de la cédula de identidad.

Lo que se hizo (en las pláticas con Gobernación) fue un trabajo que ampliara el régimen de provisionalidad con el que se ha operado desde la reforma a esta ley, en 1992.

Añadió que si se realizan cambios a la legislación que consoliden un esquema en el que no resulte afectado el padrón electoral, estaremos en la mejor disposición de atender el exhorto de los legisladores.

Por otro lado, el consejero presidente sostuvo que la Secretaría de Hacienda ya ha recibido un importante número de notificaciones relacionadas con el incumplimiento en el pago de multas de concesionarios de radio y televisión derivadas de sanciones impuestas por el instituto.

Explicó que en todos los casos sólo han sido remitidas las que han quedado firmes jurídicamente, para lo cual se depuraron aquellas en las cuales existe algún recurso sin resolver que hayan promovido los concesionarios, ya sea ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o ante otras instancias.

–En los casos que han sido remitidos, ¿el cobro corresponde ya exclusivamente a Hacienda?

–Absolutamente.

Por otro lado, durante el acto del lanzamiento de la convocatoria a organizaciones de la sociedad civil para la adaptación de los modelos de educación cívica para la participación democrática, Valdés lamentó que la participación de la mujer aún no se vea reflejada plenamente en los cargos de elección popular.

Afirmó que en las elecciones de 2009, 55.4 por ciento de los funcionarios de casilla fueron mujeres; sin embargo, en la actual legislatura sólo 26.2 por ciento de sus integrantes son del sexo femenino.

Esto refleja que el compromiso de las mujeres con la vida democrática no es correspondido con su participación en la instancia legislativa. Hay factores culturales, sociales y económicos que impiden la práctica formal de los derechos de las mujeres en condiciones de igualdad; de ahí la necesidad de impulsar nuevos modelos de educación cívica, participación democrática y equitativa, abundó.

La consejera Macarita Elizondo expresó que los avances en el derecho de las mujeres se ha dado a partir de movimientos sociales promovidos por ellas para reivindicar aspectos como el derecho al voto, a ocupar cargos públicos, a trabajar y a la no discriminación.