Cada dos años, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) emplazaba a huelga a Luz y Fuerza del Centro (LFC) por revisión de contrato colectivo, violaciones al mismo o por aumento salarial.

Este año, frente a un decreto presidencial que extinguió LFC, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) rechazó la solicitud del SME y mandó el caso al archivo.

Los electricistas se ampararon el viernes ante un juzgado federal y, con base en ello, irán a huelga.

En un escenario ordinario, actuarios de la JFCA supervisarían, incluso, junto con los trabajadores y representantes de la empresa, la colocación de sellos para suspender las actividades y designar a un grupo que garantizara la continuidad del suministro en áreas y servicios básicos.

Sin embargo, hoy los trabajadores planean estar afuera de las instalaciones de la extinta LFC con sus banderas rojinegras porque, afirman, la relación laboral continúa, en tanto que el Poder Judicial, a través de un fallo inapelable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no resuelva en sentido contrario.

Carlos de Buen, del equipo de abogados del SME, dijo que este movimiento será extraño, anómalo, porque la Ley Federal del Trabajo establece que una huelga es la suspensión de actividades y, en este caso, los integrantes del SME actualmente no están prestando sus servicios.

No obstante, señaló, se trata de una lucha legítima del sindicato y de sus integrantes porque existe un “decreto subjudice”, es decir, no se ha definido si se concede o no el amparo a los electricistas, de ahí que la empresa existe y el contrato colectivo tiene vigencia hasta el 16 de marzo.

En cambio, el gobierno considera que el contrato colectivo se extinguió junto con LFC y, por lo tanto, no existe sustento alguno para iniciar una huelga.

De Buen explicó que la huelga forma parte de una medida de presión política para demostrar que continúan aquí y la gente sigue nutriendo a ese movimiento.

En curso también está el análisis respecto al papel de la Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto, porque el Ejecutivo le entregó directamente la operación de LFC y no se ha interrumpido el suministro de energía eléctrica en la zona central del país.

A diferencia de lo que ocurriría en un contexto normal, la JFCA no hará nada por garantizar los derechos de los trabajadores porque se trata de un tribunal parcial, protector de los intereses gubernamentales, agregó el abogado.

Es decir, estamos ante un absurdo generado por el propio gobierno. Se trata de una lucha política del sindicato porque la lucha jurídica está en la SCJN, la cual, ha incurrido en situaciones anómalas al pedirle al tribunal colegiado que le envíe el expediente con los temas que dejó pendientes el juzgado federal. El problema es que cuando resuelva la Corte no habrá a quién reclamarle.