Opinión
Ver día anteriorLunes 22 de marzo de 2010Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Residuos tóxicos y peligrosos
Iván Restrepo
D

urante el sexenio del doctor Zedillo se anunció un magno programa para confinar con toda seguridad los residuos tóxicos y peligrosos originados en la industria y para reducir su producción. En ese entonces apenas funcionaba un confinamiento en Mina, Nuevo León, ya sobresaturado. En tanto, cada año se generaban en el país alrededor de 7 millones de toneladas de residuos peligrosos, de las cuales sólo 350 mil se trataban adecuadamente. El resto se tiraba en barrancas, lechos de ríos, lotes baldíos, o se acumulaba en los patios de las empresas, como hace Peñoles en Torreón desde hace un siglo. Para cumplir lo prometido las autoridades ambientales escogerían los sitios más aptos. Pero concluyó el mandato del doctor sin echar a caminar el ambicioso y necesarísimo programa, que quedó arrumbado en los sexenios posteriores.

En cambio, en los pasados 20 años ha habido conflictos entre las comunidades y las empresas dedicadas al confinamiento de basura industrial. Por principio, la gente no está convencida de las ventajas de tenerlos cerca: que se crearán empleos, son seguros y no amenazan la salud ni el ambiente. Algunos proyectos terminaron mal y con alto costo social, económico y político para la sociedad, el gobierno y las empresas involucradas. Es el caso de Guadalcázar, en el estado de San Luis Potosí; La Víbora, a unos cuantos kilómetros de Hermosillo, y General Cepeda, en Coahuila. Todos dejaron una estela de sospechas por corrupción e irregularidades a la hora de ser autorizados. Uno más sigue dando que decir: el de la empresa española Befesa, filial de otra muy influyente, Abengoa, en el municipio de Zimapán, Hidalgo.

Sus pobladores en su mayoría se opusieron desde un principio a que en 133 hectáreas del ejido Cuauhtémoc (a nueve kilómetros de la cabecera municipal) se instalara ese confinamiento.

Pese a la oposición, que fue combatida por la fuerza pública en varias ocasiones, y a las irregularidades legales que oportunamente se denunciaron, la autoridad federal y local concedieron en 2008 los permisos para dicha obra. Gobernaba Zimapán un alcalde del Revolucionario Institucional, quien, al igual que el mandatario estatal hidalguense del mismo partido, defendía el proyecto, pues generaría empleos y solucionaría el problema de los abundantes desechos industriales que se generan en esa entidad y las vecinas. Con apoyo oficial, la empresa española pudo iniciar la construcción.

Los orígenes del proyecto en Zimapán se remontan a 1994, cuando la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó la edificación de una planta de reciclado y el confinamiento de desechos industriales en terrenos del ejido Cuauhtémoc. El complejo consta de una planta de estabilización-inertización para tratar residuos sólidos, semisólidos y líquidos; un confinamiento controlado, que ocuparía 44 hectáreas, así como una planta tratadora de lixiviados.

Los habitantes del municipio no fueron informados con veracidad de los alcances del proyecto ni consultados sobre la instalación. El descontento que esto trajo a partir de 2008 fue notable y para contenerlo se envió a la Policía Federal Preventiva. La oposición creció más. Y la gente creyó menos el discurso de la instancia oficial federal y de la empresa de que el complejo operaría bajo las normas internacionales más estrictas y que por eso mismo no causaría daños a la salud y al ambiente.

La situación cambió radicalmente el año pasado, cuando al municipio dejó de ser gobernado por el PRI y el nuevo ayuntamiento decidió revocar los permisos otorgados a Befesa: alega que los dio una instancia sin competencia para hacerlo. Esto ocurre cuando la construcción del confinamiento lleva un avance de 80 por ciento y la empresa exige casi 100 millones de dólares al gobierno federal como indemnización por no poder echar a andar su negocio. Se espera ahora un tortuoso conflicto legal entre los intereses trasnacionales y los de la población.

Como en otros casos, por no informar veraz y oportunamente a la población sobre los proyectos que, se dice siempre, son para beneficiar a la gente, cuando muchas veces es todo lo contrario.