La Secretaría de la Función Pública (SFP) reservó por un año el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, a través del cual la gestión de Felipe Calderón propuso racionalizar los gastos salariales y burocráticos en las 245 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF).

Pese a que en enero Calderón dijo ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: basta de opacidad y del derroche en el gasto de amplísimos recursos que se destinan a materias que, en ocasiones, no son las sustanciales, la SFP argumentó que la información relativa a dicho programa no puede difundirse porque se halla en etapa de consolidación.

En respuesta a la solicitud 0002700006510, la SFP alegó que el programa que Hacienda (SHCP) entregó hace unos días al Congreso para detallar el plan de austeridad, está en instrumentación.

En el documento que la SHCP entregó a la Cámara de Diputados el 16 de marzo se informa que se reducirá el gasto público en 40 mil 100 millones de pesos de 2010 a 2012.

En su respuesta la SFP dijo que los temas que están en etapa de consolidación comprenden: racionalización del gasto de operación y de compactación de estructuras administrativas de las dependencias y entidades de la APF, reorganización del Poder Ejecutivo, incluyendo revisión de duplicidad de funciones, reducción de niveles salariales, así como mecanismos permanentes para evitar la creación de nuevas plazas en niveles directivos, salvo cuando por reformas legales se establezcan nuevas instituciones.

La SFP reservó con base en el artículo 14, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia, el cual indica que procede clasificar documentos que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada.

Cuando Calderón censuró la opacidad y el derroche de recursos, advirtió que la ciudadanía no merece simulaciones o regateos para transparentar el destino de recursos, que son de todos los mexicanos.

En febrero, la Auditoría Superior de la Federación reveló que entre 2003 y 2008, la mitad de los excedentes petroleros que ingresaron al país (que ascendieron a más de un billón de pesos) se derrocharon en gasto corriente de los gobiernos panistas, en estados y municipios. En ese lapso, casi 3 mil funcionarios recibieron salarios superiores al de Calderón, que en conjunto superaron los 4 mil 100 millones de pesos.