El Senado aprobó un punto de acuerdo en contra de la criminalización de protestas sociales y el uso de los procesos penales con fines de represión, como presuntamente fue el caso de la detención de Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez y Guadalupe Borjas Contreras, quienes fueron detenidos, procesados y encarcelados en Campeche por protestar pacíficamente por las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad.