La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) desarticuló, en el periodo del 16 de abril de 2009 al 28 de febrero de este año, 14 bandas de secuestradores conformadas por 93 personas, entre éstas cuatro menores de edad y 14 mujeres.

Según el informe anual de la dependencia, en ese lapso se iniciaron 80 averiguaciones previas por ese delito, de las cuales 43 fueron consignadas; asimismo, señala que 137 secuestradores han sido sentenciados.

Entre las organizaciones de plagiarios desmembradas en los pasados 11 meses se encuentra la de El Iván, responsable del secuestro de la empresaria Yolanda Cevallos Coppel, quien fue asesinada en julio de 2009 por el líder de la banda, Arnoldo Gutiérrez Solís, el cual después se quitó la vida durante un operativo en el que se pretendía rescatar a la víctima.

También destacan los grupos de El Ponny, que mutilaba a sus víctimas para presionar a los familiares a pagar el rescate, y organizaciones delictivas cuyos líderes operaban desde los reclusorios de Santa Martha Acatitla u Oriente, como las de Cándido Ledezma, de El Loquillo, de El Beto Labrada y la de El Sope, está vinculada con cinco plagios.

Las otras bandas desarticuladas son la de El Chanoc, que entre sus integrantes tenía a un policía del estado de México; de El Rodrigo, de El Giovanni, de El Charly, Los Zetas, de El Cabezón, y Los Chinos, la cual está relacionada con tres secuestros.

La PGJDF cuenta con una lista de 41 plagiarios que se encuentran prófugos. Se tratan de 35 hombres y seis mujeres, que no han sido ubicados; la mayoría de estos pertenecen a las bandas de Los Tamaleros y Del Hueso.

En cuanto a la atención a las víctimas de este delito, el titular de la dependencia entregó hace unos días a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una propuesta de ley en la que se plantea la reparación del daño directo, desde la restitución del bien entregado para el rescate o el pago del precio del mismo, la indemnización del daño material y moral causado, hasta el resarcimiento de los perjuicios civiles ocasionados.

Además, propone garantizar servicios de salud y educación a las víctimas indirectas y deudos, suspender las obligaciones fiscales, civiles y procedimientos jurídicos de la víctima directa en tanto dure el secuestro, y duplicar el término de prescripción de la acción penal por este delito.