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La narcoguerra
Serán 60 mil los soldados de regreso a cuarteles en 2011

García Luna se encargará de toda la estrategia contra el crimen organizado

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Soldado participante en la vigilancia del escenario del asesinato de tres policías en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, perpetrado por sicarios del crimen organizado, el pasado 6 de marzoFoto Reuters
 
Periódico La Jornada
Domingo 11 de abril de 2010, p. 2

En 2011 los militares sólo realizarán tareas de erradicación e intercepción de narcóticos y participarán únicamente en operaciones quirúrgicas contra los capos de la droga, debido a que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal será la encargada de la lucha contra el crimen organizado, ya que el presidente Felipe Calderón determinó que el titular de esa dependencia, Genaro García Luna, sea el encargado de toda la estrategia en ese rubro, revelaron funcionarios del gabinete de seguridad nacional.

La falta de coordinación entre mandos castrenses y civiles provocó molestia entre la milicia, que demandó durante los últimos tres años verdadera participación y coordinación de los jefes de la Policía Federal (PF) con las fuerzas armadas para atacar el narcotráfico en el país; sin embargo, la decisión del mandatario fue que de 94 mil soldados que participan en tareas contra los cárteles, en 2011 sólo queden los 35 mil que realizaban esas tareas hasta 2006 y que no patrullaban calles ni hacían labores de policías preventivos. La reducción comenzó durante la semana que termina.

La responsabilidad de suplir las tareas de los soldados será de casi 35 mil policías federales, de los cuales unos 20 mil forman parte de las llamadas Fuerzas Federales de Apoyo, que son los elementos que principalmente utiliza la SSP federal para acciones abiertas contra la delincuencia y de restablecimiento del orden público.

Pedazos de historia

Desde su inicio, los llamados operativos conjuntos –en diciembre de 2006 en Michoacán, que luego se extendieron a 18 estados de la República– mostraron que los jefes de los policías federales no estaban dispuestos a compartir el mando de sus unidades con los comandantes militares, por lo que cada instancia actuaba por su lado, aunque parecía que lo hacían unidas, pues había ocasiones en que los soldados ya habían peinado una zona y los policías hacían lo mismo, indicaron los entrevistados (de la SSP federal y del Ejército).

Asimismo, indicaron las fuentes, a lo largo de los meses se señaló de manera enfática que en medio de la falta de coordinación institucional también existían intereses que afectaban las operaciones, debido a que había vinculación de mandos policiacos federales con el narcotráfico, como ocurrió con el comandante Édgar Enrique Bayardo del Villar, quien brindaba protección al cártel de Sinaloa, específicamente a Ismael El Mayo Zambada, y tras ser descubierto se convirtió en testigo protegido de la Procuraduría General de la República (PGR). Bayardo del Villar fue asesinado en diciembre de 2009.

A mediados del año pasado, según las fuentes consultadas, García Luna solicitó en reuniones del gabinete de seguridad nacional, en las que participó Calderón, que el Ejército le transfiriera personal que integra lo que públicamente se conoce como Centro de Inteligencia Antinarcóticos.

No obstante, se consideró que concretar la medida perjudicaría las tareas de la milicia en el país, por lo que no se realizó el traspaso de personal de inteligencia militar a la SSP federal.

La ola de violencia generó la reorganización de la estrategia gubernamental, y ya no sólo participó el Ejército abiertamente en tareas de combate al crimen organizado, sino que comenzaron los trabajos de las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina, y entre los casos en que ha participado está el del 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca, Morelos, cuando fue abatido a tiros Arturo Beltrán Leyva.

El pasado 9 de abril, Calderón declaró que su gobierno inició una nueva etapa que propiciará la transición paulatina del respaldo de las fuerzas armadas involucradas en operativos conjuntos hacia autoridades civiles, aunque no precisó lo que las fuentes revelaron a La Jornada.

La estrategia

Ciudad Juárez, Chihuahua, es, a decir de los entrevistados, lo que será la operación tipo: la milicia tomó inicialmente el control de la seguridad pública en la zona, reorganizó la policía municipal y, tras capacitar a los nuevos mil elementos, sólo le quedará dar seguimiento a las acciones de esa corporación.

El Ejército es sacado de la vigilancia en zonas urbanas, pero seguirá temporalmente en regiones rurales, porque la idea de Calderón, a partir de la estrategia creada por García Luna, es que los agentes federales asuman esas funciones en todas las áreas hasta que la policía municipal pueda recuperar la confianza de la sociedad. Luego, la PF se irá retirando también paulatinamente.

Ésa es la teoría. Falta ver cómo va dotarse de armamento, capacitación constante y mejores salarios a los nuevos elementos, advirtieron las fuentes.

En ese contexto, se pretende que los militares que han sido desplazados específicamente para tareas de combate al narcotráfico a entidades como Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Veracruz regresen paulatinamente a sus cuarteles, hasta quedar como estaban en 2006, más enfocados a labores de erradicación e intercepción de drogas, y esperarán a que el Congreso les dé un mejor marco jurídico para actuar y se determine casi por decreto cómo será la coordinación entre instancias, señalaron las fuentes.