Opinión
Ver día anteriorMartes 13 de abril de 2010Ver día siguienteEdiciones anteriores
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La Cocopa no tiene quien le escriba
C

on perdón de García Márquez por parafrasear el título de una de sus novelas, me temo que la situación actual de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) es de absoluta soledad política y no podría ser de otra manera. Si consideramos el trato al actor principal del conflicto, el Ejército de Liberación Nacional (EZLN), en la relación con el Estado mexicano en su conjunto, no queda más que acudir a la jerga jurídica donde se dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

En efecto, en el caso de la Cocopa podemos ubicar claramente que sus mejores tiempos estuvieron ligados a la etapa del diálogo en que existía la esperanza de construir el gran acuerdo de paz. Ciertamente, no sin resquemores de ambas partes.

¿Qué pasa hoy? Sigue vigente la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, publicada el 11 de marzo de 1995, tras la intentona autoritaria del 9 de febrero de ese año. El objetivo central de dicha ley gira en torno de lograr el acuerdo de concordia mediante el diálogo y contiene una serie de disposiciones que buscan propiciar las condiciones para el mismo. La Cocopa tiene funciones destacadas en ese tenor y en el periodo de 1995 a 1998 las cumplió de manera ejemplar ¿Quién no recuerda a Heberto Castillo (qepd) con sus denuncias beligerantes ante el gobierno federal cuando se presentaban actos de provocación? Lo mismo hacían la mayoría de sus integrantes. De aquella primera Cocopa provino el esfuerzo por consensuar entre el EZLN y el gobierno federal una propuesta de reforma constitucional que el primero aceptó y el segundo negó, de ahí que en adelante coloquialmente se denominara iniciativa Cocopa. En ese esfuerzo por concretar el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés se estableció el vínculo de dicha instancia con los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, es importante reconocer que la función central de la misma gira en torno a propiciar las condiciones para el diálogo (artículos 8 y 9 de la ley referida).

Viene al caso esta precisión porque la actual Cocopa parece oscilar en cuanto a los ejes del papel que está llamada a jugar en tiempos de crisis prolongada del diálogo suspendido en 1998 y con el fracaso de su reanudación en 2001, desencadenado por la contrarreforma indígena.

A finales del año pasado realizó un despliegue publicitario trasladándose a Chiapas para buscar la reanudación del diálogo. A la luz pública resultaron incomprensibles e inviables tales declaraciones. En los meses posteriores no se han difundido propuestas; incluso, cuando en los mismos días de su estadía chiapaneca a escala local se aprobó una controvertida ley indígena, sólo se conoció una declaración aislada donde la instancia recomendaba que no se promulgara.

Los tiempos en Chiapas no son propicios; el zapatismo está resistiendo una nueva racha de asedio en sus bastiones principales, como son las juntas de buen gobierno, y la Cocopa no ha dado señales de vida. Por ejemplo, estos días se esperaba una reacción ante el escándalo desatado por el periódico Reforma el 27 de marzo, con las revelaciones de un supuesto desertor. En una nota se mencionó que solicitarían una entrevista con el Presidente de la República. A la fecha no sabemos si las noticias contra el EZLN fueron mera especulación, como aventuró a título individual uno de los integrantes de dicha instancia, o si se está preparando un golpe mayor.

En ese contexto la Cocopa despliega la iniciativa de un foro sobre los acuerdos de San Andrés, a realizarse la semana próxima en el Senado sin perfilar a qué estrategia estaría ligada. Más allá de las efemérides: ¿cuál sería el efecto buscado al reiterar el incumplimiento del Estado? Porque suponemos que se tiene presente la índole del pacto fraguado por la clase política en 2001. Sólo revisando los temas en los que se introdujeron las modificaciones podemos dar cuenta de los intereses que prevalecieron en una reforma cuya concreción tangible fue elevar a rango constitucional la política indigenista. Dicho esto, también se tendrá en mente el esfuerzo de 160 diputados que en 2002 presentaron de nueva cuenta la iniciativa Cocopa y no pasó nada. Más reciente aún, en el anterior periodo legislativo el diputado Marcos Matías presentó otra iniciativa que retomaba parte de lo que se había mutilado en 2001 y sus negociaciones en San Lázaro terminaron con el sabotaje de los panistas en septiembre de 2008, abandonando la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales con el objeto de impedir su aprobación.

Para valorar al Congreso actual habría que dar cuenta de los temas en la agenda de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados o los que se refieren a la reforma del Estado.

Dicho seriamente: hoy por hoy no existen condiciones para una modificación en la voluntad expresada en la razón de Estado que se fraguó en 2001 en contra de los pueblos indígenas. Entonces, ¿para dónde camina la Cocopa?