Los conflictos de la tierra,
menos violentos hoy que antes: SRA

• Con pagos y conciliaciones, se ha logrado generar paz
• Persisten problemas, sobre todo en el sureste y Michoacán

Lourdes Edith Rudiño

Desde la óptica de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), los “conflictos gravísimos” por la tierra, los cuales generaban muchas muertes, son cosa del pasado, y si bien hoy se observan conflictos difíciles y graves, ya se ha reducido sustancialmente la violencia pues los campesinos prefieren conciliar amigablemente, llegar a acuerdos comunes.

De acuerdo con el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la SRA, Jaime Tomás Ríos Bernal, “el año 1992 marca una pauta en que hay muchas muertes en el campo; después estas muertes van disminuyendo por la conciliación que propician programas federales (....) y la meta de este gobierno es concluir el sexenio con una reducción sustancial de los conflictos; tal vez dejarlos en unos 200, que sean manejables” y al mismo tiempo que el Registro Agrario Nacional (RAN) cuente con un mapa de toda la República identificados los dueños de la tierra con nombre y apellido.

Jaime Tomás Ríos Bernal, subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la SRA FOTO: Lourdes Edith Rudiño

En entrevista señaló que los conflictos agrarios identificados al inicio de 2010 suman 546, y los estados donde se concentra el mayor número son Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Algunos casos corresponden a problemas añejos centrados en comunidades, como los que hay en los pueblos huichol, yaqui y purépecha, así como en la Selva Lacandona (este último donde la SRA ha logrado avanzar en conciliación en 90 por ciento) o los Chimalapas, en los límites de Oaxaca y Chiapas, donde el conflicto suma ya 80 años y entre el sexenio anterior y el actual ha habido tres intentos de conciliación, “dos que se nos cayeron, y el actual, donde llevamos un avance de 50 por ciento”.

Para hablar del grado de dificultad de estos casos, ejemplificó con el conflicto de la Meseta Purépecha, el cual involucra a 49 de las 64 comunidades indígenas presentes en los 17 municipios de la meseta; sus controversias por la tenencia de la tierra –por límites, resoluciones y sentencias no ejecutadas, sobreposición de planos, posesiones irregulares y procedimientos agrarios inconclusos— tienen una antigüedad promedio de 60 años y en ese periodo se han registrado 122 enfrentamientos con saldo de 300 muertos y mil heridos, y hay más de 22 mil 500 hectáreas y 25 mil 267 sujetos involucrados.

El funcionario explicó que el gobierno de Felipe Calderón puso en marcha el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), para atender todos los problemas por la tierra. Con ello, dejó de manejarse los conceptos de focos rojos y focos amarillos que utilizó la SRA el sexenio anterior, que significaban conflictos de gran magnitud en el primer caso y de menor grado en el segundo. (Recordemos que los focos rojos contabilizados al inicio del sexenio de Fox eran 14 en 11 estados, con 288 conflictos implicados y los focos amarillos eran 364 en 25 estados).

Aclaró que el Cosomer –el cual compensa con dinero a quienes en los conflictos quedan como perdedores de la tierra– deja fuera demandas como las de los campesinos que fueron desplazados en Chiapas en el marco de la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“A muchos de los desplazados no se les dio tierra; a otros sí. Hoy (los primeros) vienen y nos dicen que les demos tierra, pero nosotros no tenemos tierra y no podríamos abrir la puerta para decir fórmense para atenderlos. No tendríamos fondo. El gobierno del estado los ha contenido, y nos coordinamos con la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas para atender la situación. Son grupos chiquitos, de 30 o 20 familias, pero no sé cuanta tierra están demandando”.

Asimismo, la SRA detecta que hay asuntos “artificialmente creados” que buscan obtener dinero del Cosomer, “pero esos no los atendemos. Tratamos de saber de dónde viene la conflictividad, y en general (además de los muy viejos mencionados arriba) los asuntos que atendemos tienen diez, 20 años”. Las invasiones de tierra recientes también quedan fuera del Cosomer; éstas se observan en casi todos los estado de la República, y “Chiapas tiene mucha conciencia y no permiten las invasiones, y si las hay, van y los sacan, pero hay otros lugares como Oaxaca, donde, por no tener broncas, las permiten. En Veracruz en algunos casos el gobierno entra con la policía y desaloja, pero tiene que ser muy fresquesito, muy rápido, para que no se establezcan”.

El Cosomer ha ejercido un presupuesto de mil 990 millones 800 mil pesos entre 2007 y lo que va de 2010 (hasta el 17 de marzo) para resolver 532 conflictos “uno en promedio por cada dos días”, que involucraban a más de 48 mil personas y donde estaban en juego casi 226 mil hectáreas.

El número de conflictos no es estable, “hay nuevos que van surgiendo”, así a veces la situación se vuelve “un cuento de nunca acabar”. Pero el funcionario confía en que al cierre del sexenio habrá un avance importante de conciliación. Este año 2010, con un presupuesto de 837 millones de pesos, el Cosomer lleva más de 30 casos resueltos y “tenemos dinero para cerrar el año resolviendo unos 170”.

¿Qué hace el Cosomer? “Tenemos grupos especializados de personas que capacitamos en negociación y conciliación. Ellos conviven con la gente en los lugares, van platicando, les explican las bondades, con mucho cuidado, tiempo y paciencia, y ya cuando están cabildeados, entramos, nos permiten medir, hacer avalúos de la tierra, y ver si les falta o les sobra tierra (respecto de lo que muestran sus papeles de posesión)”. Quienes tienen en uso menos tierra de la que les corresponde, se les paga una “contraprestación”, una especie de indemnización, para que ya no reclamen la tierra que está en posesión del grupo con el que tienen conflicto, y al que tiene la tierra en uso se le da certeza jurídica de esa posesión, para que en adelante ya no haya reclamos.

A quienes se les paga la “contraprestación” se les entrega cheques, preferentemente personalizados, a menos que la asamblea decida que sea una sola persona la que reciba el dinero, y se hace el trámite ante tribunales, con la lista de las personas beneficiarias, a fin de que no resurjan los conflictos. Y los campesinos saben que si incurren nuevamente en confrontación por la misma tierra ya el Cosomer no entrará.

El monto de los pagos los define el área jurídica de la SRA. Ya medidos los predios a pagar, se hace una valuación considerando el tipo de tierra que es (de agostadero, riego, etcétera) “y la verdad negociamos hacia abajo, pues es una contraprestación. No tomamos en cuenta contenidos de la tierra (si tiene caña, o una casa) ni potencial”.

Ejemplificó con el caso de los Chimalapas. Allí los pueblos de Santa María y de San Miguel están confrontados desde hace 80 años. En la actual década ha habido dos intentos de conciliación que se cayeron por diversas causas (conflictos por religión, intereses por la tala de árboles, pues es zona boscosa, liderazgos en las comunidades que impiden la negociación). “Desde hace año y medio, hemos ido allá; un mes vamos a Chiapas y otro a Oaxaca. En el caso de Santa María ya nos permitieron entrar a medir, que es el primer paso para poder decir ‘tú tienes una resolución presidencial que señala que tienes tantas hectáreas, vamos a ver que esas hectáreas estén delimitadas y podamos medir' (...) Si en una de las dos partes la superficie se pasa de lo que dice la resolución, les decimos ‘se pasaron mil hectáreas' por ejemplo, ‘ya están ocupadas, hay siembras, animales, comunidades, lo más fácil es que te la paguemos. Tú vas a recibir un dinero y podrás aplicarlo productivamente a la tierra que tienes'. Ya cuando conciliamos, podemos titular y dar la certeza jurídica que buscamos”.

Ríos Bernal comentó también que la Ley de Amparo ha permitido que muchos de los conflictos se prolonguen. “Hay grupos de campesinos que se promueven un amparo y lo ganan, pero luego la otra parte también se ampara, van a los tribunales, cambian sentencias y reviven los problemas. Y no creamos certeza jurídica en la tierra. Viene amparo tras amparo, tras amparo y nunca terminamos. Modificar esta Ley de Amparo nos ayudaría muchísimo y terminaríamos más rápido con los conflictos. A las organizaciones, a muchos grupos no les interesa que se termine el amparo porque es un instrumento de defensa que pueden activar en cualquier momento, pero para nosotros lo mejor sería que los conflictos concluyan pronto”.

–Pero, ¿será que hay todavía mucha gente sin tierra que tiene expectativa de obtenerla?'

–Sí, pero también hay muchos intereses. Normalmente la gente más callada es la gente que está satisfecha y está siendo productiva y hay intereses por fuera que quieren tener la tierra para venderla y hacer un negocio de ella (...) Hay muchos que dicen ‘quiero tierra', pero ya el reparto se terminó (en 1992 con la modificación al 27 constitucional). Es muy difícil que actualmente el gobierno sea tan paternal para decir ahora le vamos a dar un pedacito de tierra para todos los que faltan. Lo que estamos buscando ahora en la Reforma Agraria es pasar a la siguiente etapa de hacer productiva esa tierra porque hay mucha que está improductivas. Lo que hay que hacer ahora es meter inversión. Y que muchas de las personas que viven en los núcleos agrarios, que no tienen sus parcelas, que ellos tengan proyectos productivos dentro de la misma comunidad o del mismo núcleo ejidal, para que puedan vivir de una mejor manera.

“Hay que meter inversión privada y pública. Y ya los ejidatarios han abierto su mente. Aceptan que vengan inversionistas privadas, pues así reciben beneficios, trabajo, carreteras, luz, agua, que las empresas llevan. Hay campesinos que dicen ‘ese cerro es mío', pero de qué sirve si no es productivo, y teniendo potencial para ser una mina, es susceptible de inversión privada.”