En Ciudad Juárez, Chihuahua, las cifras de las muertes derivadas de la guerra contra el narcotráfico hablan por sí solas respecto de que ésta no está dando resultados, pues la violencia y las violaciones a los derechos humanos continúan, criticaron defensores de garantías fundamentales. Expusieron que en la urbe fronteriza se vive con vulnerabilidad y miedo, así como en estado de pánico constantes.

Evodia Chaparro, integrante del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, refirió en conferencia de prensa que los decesos de civiles evidencian, más allá de los discursos, lo que ocurre en esa ciudad tras la llegada del Ejército en 2008 para combatir el narcotráfico, tarea que ahora comanda la Policía Federal.

En 2007, antes de la llegada del Ejército, aproximadamente fueron 307 muertes. En 2008 aumentaron a mil 607, y el año pasado fueron 2 mil 600. Esto nos demuestra claramente que el Ejército no está dando resultados, se afirmó durante la clausura del tercer Encuentro Nacional de Defensores(as) de Derechos Humanos: La labor de los defensores de derechos humanos, una tarea peligrosa.

Chaparro apuntó que “Ciudad Juárez no es un lugar donde puedas estar tranquilo, y por eso ocurre un éxodo enorme; ahora, aparte de estar tomada por militares, también están los federales. Vivimos en el terror del narcotráfico, las violaciones de militares y policías y con miedo por los fuegos cruzados. Dicen que Ciudad Juárez no vive un estado de guerra, pero si no es así, no sé cómo llamarlo”.

Patricia Galarza, integrante del mismo centro de derechos humanos, lamentó: estamos en una ciudad militarizada; de ahí deriva el miedo a estar fuera (en las calles).

Según datos de ese organismo, hasta el 15 de abril van más de 630 muertes y de 2008 a la fecha 15 por ciento de los decesos son de niños.

Ante a esa situación, los defensores de los derechos humanos criticaron que el titular del Ejecutivo minimice los fallecimientos de civiles.

Calificaron lo dicho por el presidente Felipe Calderón respecto de que 90 por ciento de las muertes son de delincuentes, como una declaración desafortunada, porque lo que hay que entender es que “ninguna vida puede ser considerada menor.

“Esta supuesta guerra contra el narco ha traído más amenazas, más violencia a la sociedad, y ha provocado que el número de muertes sea muy elevado.”

Evodia Chaparro; José Blanco Urbina, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, y Sandra Salcedo, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, lamentaron el comentario de Felipe Calderón, el cual calificaron de falsear el porcentaje.

Aunque las personas fueran delincuentes, el Estado mexicano tiene la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en su territorio; esta una justificación fácil (...) una justificación para salir del paso; además, no es verdad que la mayoría sean delincuentes, consideraron.