esde su creación hasta la llegada de la tecnocracia neoliberal la banca mexicana de desarrollo, propiedad de la nación, fue uno de los pilares del crecimiento del país. En tiempos de sacudidas funcionó, no exenta de corruptelas, como factor de estabilidad, y en los de vacas gordas financió el fortalecimiento y avance de no pocos sectores productivos, coadyuvó a la generación de empleo formal, la construcción de infraestructura, alentó la exportación y tantas cosas más, hasta que a los Chicago boys se les ocurrió ponerla al servicio de la banca reprivatizada y convertirla en permanente rescatadora, con recursos de la nación, de los grandes consorcios.

Desde tiempos de Zedillo, pero con enfermiza dedicación con Fox y Calderón, el gobierno condenó a muerte a la banca de desarrollo (especialmente en el caso del Banco Nacional de Comercio Exterior) y trabajó afanosamente como sepulturero, con la intención de dejar activas un par de instituciones para lo que al capital privado se le ofreciera. A pesar del esfuerzo, la intentona gubernamental fracasó (aunque logró causar mucho daño en algunos de los bancos del circuito) por las no pocas intervenciones del Legislativo, que mal que bien evitó la masacre.

La vigorosa industrialización que durante décadas reportó el país no se entendería cabalmente sin la participación de la banca de desarrollo del Estado mexicano (la cual, sin duda, también contribuyó a espeluznantes casos de corrupción), la misma que para esos efectos fue arrinconada, minimizada y puesta al servicio de otro tipo de intereses –no coincidentes con los nacionales– desde el arribo de la tecnocracia neoliberal al gobierno, la misma familia que se siente feliz por haber cancelado ese proceso industrializador y hoy se pavonea por convertir a la nación en una simple prestadora de servicios, cada día más dependiente del exterior.

Como bien lo resumió el ex director general del Bancomext, Enrique Vilatela Riba, la intentona de sepultar a la banca de desarrollo (en especial la institución que él dirigió) es un problema ideológico combinado con ignorancia y arrogancia. Falta de un adecuado modelo económico y, en consecuencia, de una adecuada política industrial. Se pretende que el mercado, por sí solo, propicie un crecimiento rápido, justo y equilibrado, lo que no ocurre en ninguna parte del mundo, ni en los países desarrollados, ni en Brasil, China, India y Corea que son nuestros principales competidores. Hubo falta de conocimiento y desdén, en vez de aprovechar y mejorar lo que había, se decidió su desmantelamiento. En vez de percibir a la banca de desarrollo como una herramienta, se le tiene miedo y se prefirió renunciar a ella.

El propio Vilatela detalla: “por recomendaciones del BID y del Banco Mundial, buscando dar preferencia a la banca comercial, se rechazaban en los comités y consejos las mejores operaciones de crédito para que fueran canalizadas a la banca privada. La Secretaría de la Contraloría (Función Pública) tomó el control de la contraloría ‘interna’, creando un clima de terror que paró toda iniciativa creativa, arriesgada y valiente, como debía corresponder a una institución de desarrollo, y motivó una actitud temerosa y mediocre entre funcionarios y órganos de decisión. Para colmo, el manejo legalista de la cartera de crédito llevó a parar las negociaciones, a incrementar las demandas y juicios perdidos y a elevar innecesariamente la cartera vencida de la institución”. Y para su gusto existen tres opciones: la cobarde, que es seguir como hasta ahora; la simplista y populista (fusionar Bancomext con Nafin); la difícil, pero real, que busca la excelencia, el crecimiento y la competitividad, que es la de fortalecer a Bancomext y a Nafin, convirtiendo al primero en el banco de la competitividad.

Lo anterior no es gratuito, sobre todo cuando se recuerda que con Fox el director de Nacional Financiera y, a la vez, de Bancomext (Mario Laborín) fue uno de los jilgueros del gran capital regiomontano, ex funcionario del Bancomer de Garza Lagüera y pariente político del ex gobernador Bachoco de Sonora, Eduardo Bours. Nada que ver con el interés de la República ni el desarrollo nacional, pero no quedó allí, pues el sucesor resultó ser más de lo mismo: Héctor Rangel Domene, actual director general de ambos organismos, que fue presidente de los banqueros privados y una de las cabezas visibles del BBVA-Bancomer, al igual que su antecesor. Ambos se esforzaron por extinguir (como en el caso de LFC) al Banco Nacional de Comercio Exterior, felizmente sin lograrlo, por mucho que lograron que se autorizara ese enorme elefante paralítico llamado Proméxico.

El grupo neoliberal apostó a la fórmula simplista (Vilatela dixit), pero felizmente no lo logró. Ahora el PRI trata de revivir la banca de desarrollo, para lo cual presenta una iniciativa de ley con el fin de que el crédito, vía las instituciones financieras del sector público, llegue a quienes pueden impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo, que no son precisamente los grandes consorcios monopólicos, duopólicos y oligopólicos. El concepto es fumigar Financiera Rural, para que en su lugar surja un banco para el desarrollo del sector agropecuario; fortalecer a la Sociedad Hipotecaria Federal, dar mayor impulso a Banobras, mantener separadas a Nacional Financiera y al Banco Nacional de Comercio Exterior y oxigenar a Bansefi (aunque el Banjército es considerado dentro de la banca de desarrollo, obvio es que sólo atiende lo suyo).

A ver si así logra ponerse en marcha una economía que ha permanecido en el limbo durante casi tres décadas.

Las rebanadas del pastel

Mientras Sabina se tuvo que tragar sus palabras de que no comería nuevamente con el de Los Pinos, surge una alternativa viable para el gobierno calderonista: si pretende controlar más a los ciudadanos, vigilarlos en detalle y espiarlos con tecnología Stasi, entonces bien puede ahorrarse zarzuelas como la del Renaut y por unos cuantos dólares comprar en el barrio bravo la información personalizada que más le motive y convenga, porque “bases de datos que contienen información personal de millones de mexicanos están a la venta en 12 mil dólares en Tepito; en tres memorias externas, cada una de 160 gigabytes, el comprador recibe el padrón electoral de todo el país, el registro de todos los vehículos y de licencias de conducir, entre otros ‘productos’”, revela El Universal. Lo bueno es que el inquilino de Bucareli ya dijo que la autoridad garantiza la confidencialidad de la información proporcionada por los mexicanos.

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