Los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados negocian la realización de un periodo extraordinario de sesiones que se celebraría durante la última semana de mayo y en el mes de julio, con el objetivo de dictaminar las leyes de seguridad nacional y la de reforma constitucional en materia de derechos humanos.

En tanto, ante la Comisión Permanente, las bancadas del PRD en ambas cámaras propondrán que el organismo cite a un periodo extraordinario para julio, con el propósito de aprobar las siete reformas que quedaron pendientes, entre ellas la Ley de Seguridad Nacional y la modificación constitucional en derechos humanos.

La propuesta está incluida en la agenda de la sesión de hoy del órgano legislativo, y los perredistas buscarán el consenso con otras fuerzas políticas porque, según comentó el senador Silvano Aureoles, es grave que leyes encaminadas a regularizar la presencia del Ejército en el combate al narcotráfico tengan que esperar hasta septiembre.

Sobre el tema, el senador del PAN Santiago Creel dijo que fue un fracaso palmario del Congreso que no haya salido la Ley de Seguridad Nacional, y consideró que la reforma se frenó por pugnas entre San Lázaro y Xicoténcatl, y por la división entre las fracciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pese a las críticas que se han formulado a dicha iniciativa, Creel consideró que es una ley que permite al Ejército tener una base jurídica al intervenir en algún municipio o entidad en que se requiera su coparticipación en tareas de seguridad pública, fundamentalmente en acciones contra el tráfico de drogas.

Por separado, Aureoles calificó de lamentable que los diputados no hayan aprobado la minuta, porque esa Ley de Seguridad Nacional es una herramienta importante en la solución de la creciente ola de violencia en el país y ante las críticas que se han formulado a los militares por la violación a los derechos humanos de civiles.

Con relación a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, Alejandro Encinas, coordinador del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro, insistió en que el partido del sol azteca pretende la aprobación del proyecto en sus términos.

Planteó que “lamentablemente en las discusiones de la comisión ha existido fundamentalismo del viejo cuño judicial, pues no se quieren asumir nuevas formas de ejercicio de aplicación de la justicia, dotando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de atribuciones para que sus resoluciones no se queden en el ámbito de la recomendación, sino que pueda iniciar investigaciones y procesos de carácter penal.

Hemos encontrado posiciones del PRI, por ejemplo, que señalan que asumir la actitud y la responsabilidad de investigadora por parte de la Comisión Nacional, implicaría dirigir el Ministerio Público a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, por lo tanto, estaría subordinada a la resolución de un juez, por lo que perdería autonomía, lo cual resulta absolutamente falso.

Pedro Vázquez, coordinador del PT, dijo que el futuro del periodo extraordinario dependerá de la capacidad de consenso en San Lázaro.