Zacatecas, Zac., 11 de mayo. Decenas de agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) ingresaron este martes en una bodega de pisos y azulejos ubicada en la avenida Cinco Señores de esta capital, donde localizaron y confiscaron 14 automóviles nuevos Nissan y dos autobuses destinados a la campaña del candidato a la gubernatura por la coalición Primero Zacatecas, formada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), Miguel Alonso Reyes.

Los vehículos fueron decomisados en el inmueble, propiedad del empresario Hugo Díaz Soto –miembro del comité de campaña del abanderado priísta– con el argumento de que era robados.

En respuesta, el equipo de Alonso Reyes, así como las dirigencias estatales del PRI y del PVEM, señalaron que se trata de una acción ilegal y desesperada del gobierno estatal perredista porque su candidato (Antonio Mejía Haro) no levanta.

Durante el operativo se filtró a los medios de comunicación la versión de que gran parte de los automóviles confiscados fueron robados de un tráiler hace cinco meses en Coahuila.

Hugo Díaz desmintió la especie y aseguró que empresarios de Saltillo, Coahuila, y Monterrey, Nuevo León, enviaron los autos a Zacatecas en comodato para la campaña de Miguel Alonso Reyes. Además, indicó, el decomiso se realizó sin orden de cateo ni averiguación ministerial.

Cuando se realizaba la operación, Adolfo Yáñez, coordinador general de campaña del PRI, se presentó en el establecimiento y acusó al gobierno estatal de tratar de perjudicar la imagen de Alonso Reyes.

Más tarde, Adolfo Yáñez y Esaú Hernández, secretario general del PRI en la entidad, presentaron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por abuso de autoridad y violación a las garantías individuales, así como denuncias por robo ante la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas.

Los acusados formales ante ambas instancias son la gobernadora Amalia García Medina; el procurador estatal, Ambrosio Romero Robles; el director de Tránsito y Vialidad, Antonio Caldera Martínez, así como todos los funcionarios de segundo nivel y los policías que intervinieron en la recuperación de los autos.

El empresario Díaz Soto informó que todos los vehículos son propiedad de la empresa Osaka Nissan de Monterrey, parte del Grupo Garza Sada. Abogados del consorcio regiomontano viajaron en un vuelo privado a la capital de Zacatecas para acreditar con documentos la procedencia de los automotores y solicitar al gobierno estatal que los devuelva.

Posteriormente, Esaú Hernández y Adolfo Yáñez afirmaron en conferencia de prensa que el operativo policiaco tuvo una estricta connotación electoral. ¿Por qué fue tan aparatoso, tan impactante? (...) ¿Por qué no hay esa misma capacidad para contener, para reprimir los actos ilegales que de manera continua están sufriendo los habitantes de las ciudades de Zacatecas?, acusó.

Por la noche, el procurador Romero Robles indicó que la acción fue resultado de una llamada anónima y que existen dos líneas de investigación respecto a la procedencia de los vehículos decomisados: que son robados o que el gobierno de Nuevo León los envió como apoyo a Alonso Reyes. Añadió que otros 26 autos mencionados en la llamada que originó el despliegue se entregaron a comités de campaña priístas zacatecanos y la PME los busca, por presumir que son robados.

La conferencia de Ambrosio Romero se inició tres horas después de lo planeado porque unos 300 miembros del PRI tomaron la sede de la procuraduría, lo que obligó al funcionario a trasladar su conferencia de prensa al edificio de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.