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Repudio de la oposición; tres de sus gobernadores, acusados de mal manejo de recursos

Aprueba el Congreso de Bolivia ley que suspende a autoridades que enfrenten cargos judiciales

La nueva norma hace viable el traspaso de las antiguas prefecturas a nuevos gobiernos autónomos

 
Periódico La Jornada
Lunes 24 de mayo de 2010, p. 33

La Paz, 23 de mayo. El Congreso de Bolivia aprobó hoy la Ley de Transición de Autonomías, que hace viable el traspaso ordenado de las antiguas prefecturas a los nuevos gobiernos autónomos departamentales, municipales e indígenas, y establece la suspensión de las autoridades que sean acusadas formalmente por la justicia.

La nueva ley, de 20 artículos y ya acreditada por el Senado, pasará ahora al palacio Quemado para que el presidente boliviano, Evo Morales, la apruebe este lunes, sin bien sólo estará vigente hasta el 22 de julio, fecha en la que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe aprobar la Ley Marco de Autonomías.

La norma legal aprobada hoy generó el rechazo de la oposición, que sostiene que sólo busca la destitución de los gobernadores de derecha Rubén Costas, de Santa Cruz; Ernesto Suárez, de Beni, y Mario Cossío, de Tarija, quienes enfrentan acusaciones de manejo ilegal de dinero.

Igual que otros seis gobernadores oficialistas, los tres opositores asumirán funciones el 30 de mayo y temen ser destituidos con la nueva ley, que establece que podrán ser suspendidos quienes sean procesados por un juez, aun sin llegar a sentencia.

El presidente Morales, para quien la ley permite fortalecer el actual proceso de cambio y aplica para los nueve gobernadores del país, criticó a las autoridades relectas el pasado 4 de abril en Santa Cruz, Beni y Tarija, por las manifestaciones que preparan para mañana.

En los tres departamentos opositores se realizaron huelgas y marchas la semana pasada, y los manifestantes advirtieron que en los próximos días retomarán sus medidas en rechazo a la norma.

El titular de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, dijo que la norma, pese a lo que afirman sus detractores, permitirá luchar contra la impunidad y la corrupción, con lo que se evitará que se usen recursos públicos para actividades que no están definidas por ley.