La construcción de la supervía poniente y el proyecto para expropiar y regularizar el predio conocido como La Angostura, ubicado en la delegación Álvaro Obregón, sacó a flote la disputa interna entre quienes se dicen poseedores de los terrenos, en los cuales está construcción un conjunto de viviendas, con todos los servicios.

De un lado, un grupo de familias, que se adjudica la mayor antigüedad en el predio, acusa a la lideresa de la organización La Angostura, Rosa María Ayala Sánchez, de imponer un cacicazgo y obligar a los habitantes a pagar cuotas a cambio de la regularización de los lotes, mientras la aludida se presenta como una luchadora social que encabeza un proyecto comunitario sin fines de lucro.

En el predio, al que nadie entra sin autorización, Ayala Sánchez asegura que su organización está integrada por mil 500 familias o socios, que están obligados a cumplir con ciertas reglas establecidas en un estatuto, pues, de no cumplirse, en asamblea se determina su expulsión.

A cambio, pueden acceder a pies o bases de casa de 60 metros cuadrados financiados por ellos, con un abanico de servicios sociales gratuitos, como consultorio médico y dental, comedor popular, centro de cómputo, jardín de niños y canchas deportivas.

Sin embargo, otra es la versión que relata un grupo de disidentes de la organización, pertenecientes a las primeras familias que llegaron al predio, hace más de dos décadas.

Refieren que desde el arribo de Rosa María Ayala, en 2001, los convenció para incorporarse a su agrupación con la promesa de que los apoyaría para regularizar el predio a condición de que tendrían que cooperar.

La cuota comenzó en 500 pesos para la regularización, pero pasó el tiempo y nunca vimos claro y nos rebelamos. Le cuestionamos que por qué tanto cobro si no había documento alguno que nos diera certeza jurídica sobre el terreno. Desde entonces han sido acosados hasta su desalojo el fin de semana.

Aseguran que durante las asambleas dominicales la lideresa obtiene entre 20 mil y 25 mil pesos para cubrir gastos de operación, y un grupo de coordinadores es el responsable de ejecutar las sanciones a quienes no cumplen con la cuota, entre las cuales se encuentran la suspensión del agua y la luz.