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Además de los jueces ordinarios, nativos y campesinos podrán ser magistrados

En vigor, la nueva ley del Poder Judicial que valida en Bolivia el sistema de justicia indígena

Impulsará una revolución en la justicia boliviana y la va a descolonizar, afirma Evo Morales

 
Periódico La Jornada
Viernes 25 de junio de 2010, p. 26

La Paz, 24 de junio. Bolivia puso hoy en vigor una nueva ley del Poder Judicial que reconoce la validez del sistema tradicional de justicia indígena, en un país donde 47 por ciento de la población forma parte de comunidades originarias, sin que la legislación ordene la desaparición de los tribunales ordinarios.

El presidente Evo Morales promulgó la Ley del Órgano Judicial que, de acuerdo con el mandatario, impulsará una una revolución en la justicia boliviana y va a descolonizar la justicia, superando la etapa histórica en la que este país sudamericano copió normas y procedimientos legales para aplicarlas localmente.

Con la Ley del Órgano Judicial, de 230 artículos, los servicios de administración de justicia serán gratuitos y el Estado formará académicamente a los jueces.

Además de los tribunales de justicia ordinaria, establecidos a raíz de la independencia boliviana hace casi dos siglos, el país contará ahora con jurisdicciones y autoridades judiciales de tipo indígena-originario-campesino, agroambiental y especiales.

Durante los debates en el Poder Legislativo, la oposición política de derecha, principalmente, se opuso a la aprobación del sistema de justicia indígena, tradicionalmente a cargo de autoridades comunales o ancianos.

En el marco de la jurisdicción indígena quedó reconocida la autoridad de 36 comunidades originarias, que castigan delitos con la expulsión de esas localidades (en casos de robo y delitos mayores), trabajo comunitario y la flagelación a infractores (cuando se trata de faltas menores).

El periódico conservador La Razón, de la ciudad de Santa Cruz, publicó este mes que algunos delitos en pueblos indígenas fueron sancionados con linchamientos, lo que avivó el debate en la opinión pública sobre el sistema de justicia de comunidades originarias, porque la Constitución rechaza la pena de muerte.