Las declaraciones del titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Fernando Gómez Mont, sobre la labor de las comisiones de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales (ONG) provocaron el rechazo generalizado de diputados federales, quienes lo calificaron de cómplice de una criminalidad de Estado, así como de encabezar una posición ominosa que envalentona a las autoridades contra los defensores de las garantías civiles.

Porfirio Muñoz Ledo, Rubén Moreira, Alfonso Navarrete Prida, Pablo Escudero, Enoé Uranga, Herón Escobar y Miguel Pompa, legisladores de PT, PRI y PRD, refirieron por separado su disenso del funcionario federal, porque el discurso de la derecha no es el del equilibrio, sino del endurecimiento autoritario. Vemos que en lugar de secretario de Gobernación hay un defensor de oficio. Vimos cómo hizo el cabildeo en la Suprema Corte para que no fuera sancionado Juan Molinar Horcasitas.

Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en San Lázaro, aseveró: “nos quieren dorar la píldora. ¡Un Estado militarizado no es un Estado que respete los derechos humanos! En este gobierno no han tenido siquiera la valentía de pedir la suspensión de garantías. Gómez Mont debería saber que los organismos de defensa de los derechos humanos no son cómplices de nadie.

Él se convierte en cómplice de una criminalidad de Estado. Eso es lo que debemos evitar en México, porque es la puerta hacia el golpe militar. Ellos están abriendo la puerta al golpe militar y no se dan cuenta, por irresponsables. El día que los militares tengan el poder, le dan una nalgada a Gómez Mont y lo hacen a un lado. Los derechos humanos son límite a un Estado totalitario. Hay que decirle que no ande jugando.

El priísta Rubén Moreira, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, consideró que el tono utilizado por Gómez Mont “abre la puerta a quienes creen que la violencia es el camino. Si esa frase es meditada, es una declaración de la ausencia de respeto a los derechos humanos, y una posición ominosa y nueva en la historia del país. Cuando una autoridad de ese nivel y con la resonancia que tiene dice que quienes protegen los derechos humanos son ‘tontos útiles’, siembra la posibilidad de que otras autoridades adopten posiciones similares o más radicales”.

Abundó: no es de dudarse que se desate un clima de linchamiento sobre los defensores (...) Debe haber solidaridad con la CNDH y las ONG porque las presiones van a aumentar sobre ellas. Me preocupa porque que es un clima similar al de Arizona.

Alfonso Navarrete Prida (PRI) señaló que esas comisiones son herramienta indispensable del Estado para que el país avance.

“No creo que haya un solo organismo público de defensa de derechos humanos que le quiera jugar al ‘tonto útil’ de los narcotraficantes o del crimen organizado. La obligación de la autoridad es actuar con eficacia y con toda la fuerza que le da la ley, respeto absoluto a los derechos humanos. Cuando esto no ocurre el país entra en el campo de la arbitrariedad.”

Añadió: el discurso de la derecha no es el discurso del equilibrio, sino del endurecimiento autoritario.

El pevemista Pablo Escudero consideró que hay descuido y escaso interés del funcionario en esa materia. Comienza a haber signos preocupantes. Si Gómez Mont dedicara al tema de los derechos humanos la mitad del tiempo que dedica a defender a Juan Molinar Horcasitas, sería una ganancia. Vemos que en lugar de secretario de Gobernación, hay un defensor de oficio. Vimos cómo hizo el cabildeo en la Suprema Corte para que no fuera sancionado Molinar. Está desubicado el secretario. Es una mala señal, es una situación grave, y en medio de ello lo que debemos observar es la madurez del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, quien decidió no confrontar al secretario.

Enoé Uranga (PRD) criticó la rudeza, la ignorancia y la descalificación oficial hacia esos derechos. Los militares son intocables por el Ejecutivo. Son declaraciones de desesperación ante la ineficacia y la falta de compromiso del gobierno. La rudeza de Gómez Mont busca que con la cerrazón se tienda una muralla para proteger los excesos de policías y fuerzas armadas.

Herón Escobar (PT) exigió al secretario renunciar al cargo, ya que representa los intereses de la oligarquía. No se le ve alguna chispa de inteligencia, porque dice una cosa y al otro día dice otra. No podemos tener certeza de que esté representando la parte de la gobernabilidad del país.

Miguel Pompa (PRI) resumió así su crítica: lamentables declaraciones de quien se encarga de la política interior. Es un gobierno que no acepta la mínima crítica. Un gobierno que cuando no gobernaba hacía de estos organismos su bandera. ¿Y ahora qué sigue? Vemos una afrenta a los trabajadores, un rechazo a organismos que velan por los derechos humanos. ¿Qué sigue?