Especialistas en el sistema educativo afirmaron que transparentar los recursos públicos que se invierten en el pago de docentes, directivos y empleados administrativos de formación básica no puede ser un ejercicio hecho al vapor, en el que no existe fiabilidad de los datos.

Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer un padrón con información de 1.1 millones de trabajadores del sector –profesores, directivos y administrativos–, cuyo salario depende del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, señalaron que las nóminas estatales no son confiables, pues en muchos casos se trata de listados que no están actualizados.

Claudia Santizo Rodall, experta en gestión y descentralización educativa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), expresó que en México no es excepción que un docente abandone su actividad frente a grupo para efectuar labores de director, inspector o jefe de sector sin que se le otorgue esa clave, por lo que siguen apareciendo como maestros.

A pesar de que la base de datos dada a conocer por la SEP el jueves pasado incluye nombre, clave, tipo de puesto, salario, categoría de contratación –por nómina u honorarios– e identificación del personal que está comisionado, indicó que “no podemos tener un panorama nacional de quiénes son, cuánto cobran y qué hacen realmente quienes laboran en el sistema educativo federal si no tenemos acceso a cifras fidedignas.

“Necesitamos –agregó– realizar un verdadero censo del sector, con una metodología clara y confiable, pues nos enfrentamos a información de cientos de miles de trabajadores en un entorno laboral de enorme dinamismo y gran complejidad.”

Teresa Farfán Cabrera, catedrática de la UAM-Xochimilco y especialista en planeación y desarrollo de la educación, aseveró que dicha base de datos no es una fotografía de todo el sistema escolar y tampoco revela de forma sencilla el número de profesores con doble plaza ni las actividades precisas que realizan quienes están comisionados con cargo al erario público.

Entregar un listado de nómina federal y por estados, subrayó, no es transparentar el destino de los recursos ni tampoco brinda información fiable para evaluar si los fondos públicos destinados a la educación de 25 millones de niños y adolescentes están bien empleados.

En los datos difundidos por la dependencia federal, agregó, hay muchas irregularidades, cifras que no coinciden y un proceso para acceder a poca información que es demasiado tortuoso para la mayoría de los ciudadanos.