Mitzitón, Chis. 6 de julio. Las primeras horas de hoy la asamblea ejidal de Mitzitón levantó el bloqueo que durante cinco días sostuvo en la carretera San Cristóbal de las Casas (a 15 kilómetros de aquí)-Comitán. Esto, luego de firmar una minuta de acuerdo con la comisión enviada por el gobernador Juan Sabines Guerrero para dialogar sobre las exigencias.

Los ejidatarios tzotziles, adherentes de la otra campaña, informaron hoy que la comisión del gobierno se comprometió a atender nuestra demanda de reubicar a los delincuentes y paramilitares del Ejército de Dios, Alas de Águila. Aclaramos que como muestra de nuestra voluntad les hemos recibido y hemos dado un plazo de un mes para que los reubiquen.

La noche del lunes llegaron a la comunidad Antonio Gamboa López, coordinador de asesores del Ejecutivo estatal; Jesús Caridad Aguilar Muñoz, secretario de Pueblos Indios; Marcos Shilón, fiscal de justicia indígena; Romeo Alfredo Rodríguez López, comandante de la Policía Estatal Preventiva, y Adán Ruiz Guillén, delegado de Gobierno.

No obstante, los indígenas se manifiestan inconformes porque en la minuta el mal gobierno no puso este plazo, pero verbalmente se les dijo y ahora lo estamos dando a conocer.

De acuerdo con los representantes ejidales, si en este plazo el gobierno no cumple su palabra, tomaremos otras medidas; no estamos dispuestos a seguir soportando más delitos, daños, temor y provocaciones que no han sido investigados. Destacan que han denunciado en su momento los delitos de homicidio, tortura, secuestro, violación, tala de árboles y tráfico de migrantes.

En referencia a la afirmación del secretario de Gobierno, Noé Castañón, de que la Procuraduría General de Justicia del Estado no tiene denuncias penales de lo que son responsables integrantes del Ejército de Dios, los indígenas se preguntan si el secuestro, la tortura y la violación no son delitos graves que la procuraduría debe investigar de oficio. Los hechos, añaden, han sido denunciados públicamente, por lo que no pueden decir que los desconocen.

Ahí están en los cajones de la Fiscalía Indígena nuestras denuncias; también en la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) y el INM (Instituto Nacional de Migración), y ninguna oficina de gobierno interviene para hacer justicia. Por eso la asamblea de Mitzitón acordó que sólo acepta la reubicación de estas personas.

Reitera que llevan 13 años de denunciar los delitos de estas personas. Ya no estamos dispuestos a seguir aguantando. Estos avecindados llegaron a vivir en nuestra comunidad y ahora quieren aprovechar nuestros bosques y tierras, pero no cooperan, no cumplen los acuerdos comunitarios, no hacen trabajos colectivos, no asisten a las asambleas, no son ejidatarios, y en cambio trafican con personas, hostigan y amenazan; están armados, mataron a nuestro compañero Aurelio, atropellando a otros cinco compañeros; secuestraron a nuestro agente y su policía junto con otro compañero, y los torturaron gravemente.

Los agresores esperan a que sea tarde, molestan a las mujeres cuando van por sus borregos y han intentado violarlas; todo esto lo sabe el gobierno, ¿y no tiene denuncias para actuar? Entonces, cuestionan, ¿cómo es que paga a la viuda del difunto Aurelio Díaz Hernández una pensión mensual por los daños que hicieron lo del Ejército de Dios?

Sostienen ser una comunidad legalmente constituida como ejido, y que seguirán defendiendo su territorio, porque sin él no podemos vivir. Exigen que Esdras Alonso, comandante del Ejército de Dios, saque sus manos de nuestra comunidad.