A un año
de la Masacre de Bagua
Uno de los dirigentes visibles de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (caoi), Miguel Palacín Quispe, sabedor de la fuerza de dicha movilización y sin olvidar que 34 personas resultaron muertas en ella, recuerda:
Un año después, la Masacre de Bagua sigue siendo central en nuestra reflexión. Porque nos mostró, principalmente, el valor de la manera en que los pueblos indígenas tomamos decisiones, que es el único modo de construir una verdadera unidad. Y también porque graficó el nulo respeto por la vida y por los derechos de parte del gobierno, capaz de matar para favorecer la invasión a nuestros territorios y el saqueo de nuestros bienes naturales por parte de las multinacionales. Bagua nos demostró también la vigencia y el protagonismo político del movimiento indígena andino y amazónico en el Perú.
Otra de las lecciones de Bagua es que los derechos no se demandan, los derechos se ejercen. Y los pueblos indígenas tenemos derecho a la autodeterminación, que significa mantener nuestras formas ancestrales de relación con la Madre Tierra, con nuestros territorios, nuestras propias formas de gobernarnos, de elegir y ejercer la autoridad. Donde las decisiones se toman en las comunidades, por consenso, y nuestros apus cumplen el mandato de sus pueblos.
Esa reflexión la comparten y la expanden grupos como el Centro para la Biodiversidad y espiritualidad Andino-Amazónica Waman Wasi-Lamas que en un comunicado alusivo afirma:
El movimiento indígena amazónico ha colocado en la agenda nuestra realidad y destino como país cultural y biológicamente diverso. Bagua 2009 ha mostrado cuán lejos estamos, como país, de entender al otro, al diferente, al que no es como nosotros. Existen numerosas manifestaciones de estas incomprensiones. El gobierno regional de San Martín y en particular la Dirección Regional de Agricultura se ha negado a reconocer a seis comunidades indígenas quechua-lamas (Shapaja Allpa, Ampi Sacha, El Piñal, Las Palmeras, Shapajilla y el Naranjal) que han solicitado su reconocimiento como tales. Un trámite que podría tomar pocos días se ha convertido para las comunidades indígenas en un vía crucis legal interminable. Como en la época colonial, los indígenas vuelven a bregar por sus derechos ante el Estado como si nada hubiese ocurrido en el mundo en cuanto al desarrollo de conceptos y políticas sobre los pueblos indígenas.
Si el argumento colonial estribaba en evaluar su calidad de humanos para conferirles el estatuto de criaturas de Dios, los de ahora se refieren a aspectos tales como “la existencia de costumbres, idioma, y territorio, como condiciones para reconocerlos como comunidad nativa. A pesar de que las convenciones internacionales consideran que basta la autodefinición de una persona como indígena para que sea reconocida como tal ante cualquier instancia estatal y privada, se elude ahora este principio y derecho básico de la persona, y en nombre de la aplicación de procedimientos administrativos que deberían subordinarse a principios constitucionales y normas internacionales, se niega en los hechos la condición de comunidad a quienes lo solicitan, porque su visualización depende de la objetividad evaluadora y de los criterios que utiliza.
Tras las resoluciones que declaran improcedentes las solicitudes se olvida el papel que el Estado y las empresas han jugado en la sustracción sistemática del territorio de las comunidades indígenas. Se olvida que la división entre comunidades nativas con tierras comunales y sin tierras comunales se origina en una manera discutible de entender el territorio por el Estado.
El territorio comunal quechua-lamas ha pasado, por un artificio legal de fines del siglo xx, de ser un bien de usufructo comunitario por todo el pueblo a ser propiedad de unas cuantas comunidades. La historia reciente muestra que no son las comunidades indígenas las que saquean territorios ajenos ni producen leyes que las perturban. Y cuando ahora éstas tratan de revertir esta situación infeliz generada por otros, se les niega su derecho con argumentos deleznables.
Las comunidades indígenas que han solicitado su reconocimiento siguen haciendo el chapaneo, es decir el raleo cuidadoso del bosque. Siguen haciendo el mijaneo, es decir la cosecha selectiva y ocasional de los frutos del río. Siguen cultivando una diversidad de plantas alimenticias de origen amazónico en asociaciones y rotaciones que siguen un patrón cultural antiguo. Está documentado que las parcelas agrícolas de los pueblos quechua-lamas contienen uno de los reservorios de diversidad genética más ricos de la región de San Martín. Las familias indígenas siguen además cultivando y sanándose con una diversidad de plantas medicinales que ellas saben criar y usar dentro de su propia lengua y cosmovisión. Siguen recreando el ciclo chacra-purma-chacra, y celebrando ricamente ataviadas la fiesta patronal de Santa Rosa, como uno de los modos silvícolas de convivencia con las deidades y la naturaleza.
Esto sólo para citar algunos ejemplos de la práctica renovada de sus costumbres ancestrales que serían imposibles sin territorio. Sólo una persona o una institución que no conoce la vida agrosilvícola y cultural indígena de estas regiones puede juzgar sin mayores argumentos razonables que estas comunidades “no practican sus costumbres” y por esta vía descalificarlas de su condición de comunidades indígenas.
Dice Palacín Quispe: “Hablamos de un modelo que multiplica las concesiones mineras, forestales y petroleras en el Ande y la Amazonia, privando a los pueblos indígenas de sus medios de vida; que pretende arrasar con nuestros derechos reconocidos en tratados internacionales; que vulnera también la soberanía nacional firmando tratados de libre comercio totalmente desfavorables para el país, que criminaliza nuestra protesta, persiguiéndonos, enjuiciándonos y encarcelándonos, que da a sus fuerzas armadas y policiales licencia para asesinarnos, como ocurrió en Bagua hace un año.
